Andalucía rechaza de nuevo la Selectividad que plantea el Gobierno: «atenta contra la igualdad de oportunidades»
La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo, insiste en que la apuesta de la comunidad es una prueba unificada para toda España
Andalucía exige que la nueva Selectividad sea igual en toda España
El nuevo modelo de Selectividad que propone el Gobierno central «atenta contra la igualdad de oportunidades del alumnado», ha señalado este jueves la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo en el Parlamento andaluz en una intervención en la que ha rechazado de nuevo el cambio que quiere imponer el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Para el Gobierno andaluz, el objetivo de un cambio de examen de acceso de la Universidad es que la prueba sea «única» para toda España, no una para comunidad autónoma. Esa es la clave sobre la que giran las alegaciones de Andalucía sobre la nueva Selectividad, ha añadido Del Pozo, quien ha pedido que la nueva normativa «permita llevar a cabo un proceso de homologación real para todo el territorio nacional».
De fondo, señalan desde la Consejería de Desarrollo Educativo, la petición de Andalucía es que «el alumnado español sea evaluado con rigor y justicia» con independencia del territorio en el que viva, «en vez de que haya 17 pruebas distintas con sus correspondientes criterios de corrección».
Desde Andalucía, ha añadido la consejera de Educación, se ha trabajado de forma conjunta entre su departamento y el de Universidades, departamentos implicados directamente en las pruebas de acceso a la Educación Superior, para realizar las alegaciones a la nueva Selectividad que plantea Sánchez.
Del Pozo ha tachado de «ocurrencia unilateral del Gobierno Central» el nuevo modelo en que cada comunidad tiene autonomía para configurar la prueba y ha acusado al Gobierno central de falta de debate para el cambio de normativa.
Por ello, en las alegaciones presentadas, ha añadido Del Pozo, «se pide el cambio a un modelo que establezca una prueba única cuyos contenidos y criterios de corrección sean fijados por el Gobierno central, previa consulta a las Comunidades Autónomas y a los órganos de representación universitarios, y que respete la opcionalidad para el alumnado en relación a las materias cursadas. También se solicita abrir un proceso de negociación así como un calendario de implantación consensuado en el seno de la Conferencia Sectorial, con un periodo de carencia que no perjudique al alumnado».
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