La Audiencia de Sevilla cita a Chaves y Griñán y otros 13 condenados para cumplir su inhabilitación en el caso ERE
Chaves ha sido penado con su inhabilitación especial durante 9 años y Griñán, inhabilitado de manera absoluta 15 años, además de un castigo de seis años de prisión
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Justo tres años después de la primera sentencia del caso ERE que supuso un mazazo para el PSOE, los condenados reviven la pesadilla. Los 15 condenados volverán a comparecer este miércoles 16 de noviembre ante los magistrados, pero esta vez lo harán para empezar a saldar sus cuentas con la Justicia. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha citado a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a otros trece condenados en la sentencia del fraude de los ERE para cumplir sus penas de inhabilitación especial durante nueve años en el caso del primero, y de inhabilitación absoluta durante 15 años para el segundo exdirigente socialista.
La Audiencia estableció dichas penas porque cometieron un delito continuado de prevaricación durante los diez años (2000-2009) en que estuvo funcionando el sistema «ilegal y arbitrario» de reparto de ayudas del caso ERE entre empresas en crisis, muchas de ellas de la órbita de la Junta. Se defraudaron casi 680 millones de euros de dinero público, según la cuantía fijada por la Audiencia y ratificada el pasado 26 de julio por el Tribunal Supremo en una sentencia que es firme desde el pasado 14 de septiembre, cuando se notificó a los condenados.
Mediante una providencia fechada el pasado 11 de octubre a la que ha accedido ABC, la Sección Primera ha comunicado a los penados que «tendrán que ser citados por sus representaciones procesales para que comparezcan» ante dicho órgano este miércoles día 16 de Noviembre de 2022 a las 11.00 horas de la mañana. Es necesario que los condenados recojan personalmente el requerimiento para empezar a contar el plazo de sus respectivas penas de inhabilitación.
El caso de corrupción política de los ERE supuso el epílogo de la carrera de ambos políticos históricos socialistas, que tuvieron que dimitir de sus cargos públicos en el Congreso y el Senado a raíz de su imputación en este sumario.
En la citada resolución, los magistrados requieren a seis ex altos cargos autonómicos para «el cumplimiento de la pena de inhabilitación especial a la que fueron condenados en sentencia de fecha 19 de noviembre de 2019, y la condena en costas por el delito de prevaricación». Dicha medida afecta a Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y exministra de Fomento; José Salgueiro, exviceconsejero de Hacienda; Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Jacinto Cañete, ex director general de IDEA, además de Manuel Chaves. Todos ellos fueron condenados a nueve años de inhabilitación especial, salvo Cañete, al que se le impuso esta pena durante ocho años, seis meses y un día.
La Sección Primera también llama a comparecer a Griñán y al resto de ocho condenados por malversación a los que estableció una pena agravada de inhabilitación (absoluta), así como su privación de libertad durante un periodo que va desde los tres a los casi ocho años. Dichas sanciones de inhabilitación absoluta oscilan entre los 15 años impuestos a este expresidente y los 19 años y seis meses que, por ejemplo, los magistrados establecieron para el exconsejero de Empleo Antonio Fernández García, quien ha sido el antiguo alto cargo socialista de mayor rango que ha pisado la prisión de manera preventiva durante la instrucción del caso ERE en el año 2012.
Griñán ha sido condenado a 15 años de inhabilitación absoluta, además, a seis años de prisión por otro delito continuado de malversación de fondos públicos, cuya ejecución está pendiente de la ejecución, una decisión que tomarán en las próximas semanas los magistrados del órgano sentenciador.
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la suspensión de la pena impuesta a Griñán y a otros ocho condenados por malversación al considerar que las sentencias firmes «claman por ser cumplidas», tal y como marca el Tribunal Constitucional en diversos pronunciamientos, máxime cuando se trata de delitos graves de «corrupción política» sancionados con penas «lo suficientemente largas» que van desde los tres a los casi ocho años de cárcel.
En dos ocasiones, Anticorrupción ha solicitado su entrada inmediata en prisión, mientras que la familia del expresidente andaluz ha pedido a los jueces que deje en el aire la decisión a la espera de que el Gobierno se pronuncie sobre el indulto parcial tramitado por su familia para evitar su encarcelamiento con 76 años o hasta que el Supremo responda a su incidente de nulidad, como paso previo para la posterior presentación de un recurso de amparo ante el Constitucional por supuesta vulneración de derechos fundamentales en la sentencia.
¿Cuál es la diferencia entre inhabilitación especial y absoluta? En el caso de la primera, se inhabilita al penado para empleo o cargo público (artículo 42 del Código Penal). Produce de manera automática la privación definitiva del empleo o cargo sobre el que recayere y de los honores que le sean anejos, así como la incapacidad para obtener los mismos u otros análogos. Su principal diferencia con la inhabilitación absoluta radica en que abarca todo tipo de cargos, empleos y honores. También varía su duración. La primera es una pena menos grave que se establece durante un periodo entre tres meses y 20 años y la segunda va desde los 6 a los 20 años.
La inhabilitación de los dos exsecretarios generales del PSOE andaluz tiene un carácter sobre todo simbólico. Ambos, que fueron presidentes del partido a nivel federal y ministros, tuvieron que entregar el carné del partido tras su imputación en el caso ERE y están jubilados. Su ocaso coincidió con la pérdida de la Junta tras casi 37 años en poder.
Chaves renunció a su escaño como diputado del Congreso por Cádiz en junio de 2015. Por su parte, Griñán anunció su renuncia días antes a su acta como senador por la Comunidad Autónoma de Andalucía. Cuando Susana Díaz era presidenta de la Junta no dudó en sacrificar a sus 'padrinos' políticos para seguir en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia autonómica. Fue una condición que le había impuesto el partido Ciudadanos para votar a favor de su investidura, dado que los socialistas no obtuvieron mayoría absoluta en las elecciones autonómicas de 2015 y necesitaban los apoyos de los nueve diputados naranjas en el Parlamento andaluz.
En el libro «Delfines y Tiburones», su autor, el periodista Manuel Pérez Alcázar, cuenta que Chaves, dolido por el hecho de que Susana Díaz había anunciado que sus antecesores en el cargo abandonarían sus escaños en el Congreso y el Senado si resultaban imputados, llamó a Griñán y le dijo: «Pepe, Susana nos ha matado, es como si nos hubiese clavado un cuchillo».
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