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caso ere

La Audiencia de Sevilla ordena un nuevo examen médico de Griñán para decidir si lo envía a prisión

El tribunal solicita a su abogado todos los informes médicos de que disponga sobre la evolución del cáncer que padece el expresidente de la Junta de Andalucía

La prisión de Sevilla facilita el tratamiento a «múltiples» presos, incluso con cáncer como José Antonio Griñán

El expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, llegando a la Audiencia de Sevilla en 2019 Raúl Doblado
Antonio R. Vega

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El ingreso en prisión del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán no es un capítulo cerrado, ni mucho menos. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla que dictó la sentencia de la pieza política del caso ERE ha solicitado a la defensa del también exconsejero autonómico de Economía y Hacienda que le envíe «todos los informes médicos de que disponga» actualizados.

La recopilación de documentación es el paso previo a la realización de nuevo reconocimiento clínico al exdirigente socialista por parte del Instituto de Medicina Legal (IML) en Sevilla. Una vez que reúna toda la información médica, la sala decidirá si el exdirigente socialista puede tratarse del cáncer de próstata que padece dentro de un centro penitenciario y cumplir, de este modo, la pena de seis años de reclusión que le impuso por cometer un delito continuado de malversación en relación al sistema ilegal de ayudas a empresas en crisis.

Mediante una providencia dictada el pasado 15 de marzo y notificada este martes a las partes, el tribunal requiere «en el plazo de cinco días» hábiles los citados informes al letrado del expresidente de la Junta de Andalucía con el fin de «proceder a un nuevo reconocimiento médico por el IML de Sevilla», según expone la resolución facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Los magistrados mueven ficha después de que la Fiscalía Anticorrupción reclamara, mediante un escrito previo, una «información médica actualizada sobre diagnóstico y tratamiento» del proceso canceroso que sufre, al objeto de que los servicios médicos del centro penitenciario «ratifiquen o modifiquen» a su vez «las conclusiones recogidas en su informe» del pasado 8 de marzo sobre la posibilidad de tratarle en prisión y, «en particular, sobre la posibilidad de tratamiento dentro del marco de colaboración descrito con el Servicio Andaluz de Salud (SAS) conforme a su experiencia con reclusos con padecimientos semejantes».

Petición de la Fiscalía

El Ministerio Público se hacía eco así de otro detallado informe solicitado por el tribunal a la prisión de Sevilla, por el que la dirección de la misma garantizaba la atención integral a los internos que también son pacientes. En su escrito, el centro penitenciario reconocía que otros penados enfermos como Griñán -al que no cita expresamente- se someten a pruebas diagnósticas, «cuantas sesiones» de radioterapia o quimioterapia sean necesarias bajo prescripción médica, así como su traslado desde la celda a las consultas programadas bajo custodia policial.

«Son múltiples los pacientes que desde las distintas especialidades han sido y son atendidos de forma continuada, de modo que se procede a sus consultas de revisión por dichos especialistas con la perioricidad que se estima necesaria por los mismos», aseguraba en un documento de cinco páginas consultado por ABC.

El escrito de la prisión puede ser decisivo en el horizonte penal de Griñán, cuyo letrado ha agotado todos los cartuchos jurídicos para evitar su ingreso en la cárcel, donde ya están cumpliendo sus penas seis ex altos cargos socialistas condenados, a igual que él, por malversación.

Tras un recurso que presentó su abogado cuando el tribunal le había dado diez días para entrar voluntariamente en una cárcel, los magistrados aplazaron el 13 de enero la ejecución de la pena privativa de libertad impuesta a Griñán, de 76 años, «hasta tanto finalice las sesiones de radioterapia». En esta decisión pesó un informe de la forense del Instituto de Medicina Legal que, tras examinar al también expresidente del PSOE federal, desaconsejó su ingreso en prisión por su enfermedad.

La forense argumentaba entonces que los posibles efectos secundarios en el tratamiento hormonal y de radioterapia parecían «poco compatibles con la dinámica carcelaria», aunque reconocía que la sanidad penitenciaria puede hacer frente a cualquier demanda.

Esa percepción podría cambiar al hilo de las conclusiones que recojan los informes médicos y el nuevo reconocimiento médico de Griñán, que se ha sometido a radioterapia para intentar doblegar el cáncer diagnosticado recientemente.

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