La Audiencia de Sevilla pide informes a la Fiscalía para tramitar el indulto de Griñán y de otros siete condenados por el caso ERE

A través de una providencia fechada el pasado 2 de febrero y notificada este miércoles a las partes, el tribunal que dictó la sentencia del caso ERE el 19 de noviembre de 2019 ha solicitado un informe a la Fiscalía Anticorrupción para que emita el preceptivo informe de los ocho condenados.

El Ministerio Público no tiene plazo para pronunciarse. Una vez que reciba los referidos informes, la Sección Primera decidirá si avala o no los perdones que corresponde finalmente proponer al Ministerio de Justicia ante el Consejo de Ministros que preside Pedro Sánchez. La concesión de los indultos es una prerrogativa del Gobierno. Los informes que emita la Audiencia son preceptivos pero no vinculantes. Contra la citada providencia, cabe interponer un recurso de súplica, según indica la Sección Primera.

La Audiencia de Sevilla emitirá los informes sólo en relación a ocho condenados, todos a excepción del exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez, sobre cuyo indulto compete pronunciarse al Tribunal Supremo tras haber rebajado la pena de prisión inicial de siete años y un día a tres años.

Para ello, la Sección Primera ha recibido oficio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo donde se informa de que, tras haber casado la sentencia de la Audiencia de Sevilla únicamente en relación al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Juan Márquez, sólo le corresponde tramitar el indulto solicitado por éste.

La Audiencia ha movido ficha después de que diera curso al expediente de indultos la División de Derechos de Gracia y otros Derechos del Ministerio de Justicia en julio del pasado año, poco antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. Para ello solicitó por medio de un oficio a la Audiencia Provincial de Sevilla un informe de cada uno de los penados. 

Tras el oficio ministerial, los magistrados acordaron formar el «expediente de indulto», pedir la hoja histórico-penal de cada uno de los condenados que ha solicitado la medida y llamar a los perjudicados «sobre su acuerdo o desacuerdo con la concesión del indulto». La damnificada, la Junta de Andalucía, renunció a acusar a los políticos en el juicio cuando gobernaba el PSOE.

La petición se dirigió directamente en el mes de octubre pasado a la Sección Primera, que fue la que juzgó y condenó a los dos ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán y a los otros ex altos cargos del PSOE de la Junta de Andalucía por urdir un sistema ilícito de ayudas que permitió la malversación de casi 680 millones de euros de fondos públicos repartidos de forma arbitraria y sin control entre empresas y entidades tocadas por la varita mágica del Gobierno andaluz.

Aparte de Griñán, condenado a seis años de prisión, fue solicitado el perdón parcial del Gobierno por parte de la ex consejera de Hacienda Carmen Martín Aguayo, el ex consejero de Innovación Francisco Vallejo, los ex consejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el ex viceconsejero del mismo departamento, Agustín Barberá, el ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano, el ex director general de Trabajo Juan Márquez o el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román.

Griñán es el único condenado a prisión que no ha visto privada su libertad. El cumplimiento de su pena fue suspendida durante cinco años por los problemas de salud que padece a consecuencia de un cáncer de próstata. La médica forense que examinó al expresidente andaluz había aconsejado que pudiese seguir en libertad para recibir el tratamiento oncológico.

La Sección Primera de la Audiencia rechazó en noviembre de 2022 aplazar las penas de cárcel salvo en el caso de Juan Márquez, porque su situación era distinta, dado que la pena impuesta era inferior en tres y cuatro años a la del resto, «lo que unido a la carencia de antecedentes penales y a razones objetivas que determinaron una cuantitativa rebaja penológica en la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, son circunstancias a tener en cuenta para que se proceda, por un tiempo prudencial de un año, a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramite el indulto», según especificó la Audiencia.

Con posterioridad, en septiembre de 2023, el Tribunal Constitucional desestimó la medida cautelar solicitada por seis condenados del caso ERE para que se suspendieran las penas de prisión mientras se estudia el fondo de sus recursos de amparo contra la sentencia dictada por el Supremo, que en su mayor parte ratificó la resolución de la Audiencia de Sevilla.

Los condenados en firme por el fraude interpusieron doce recursos de amparo ante el Constitucional alegando una supuesta vulneración de derechos fundamentales. Tales impugnaciones siguen su curso y se resolverán antes del próximo verano.