Aumenta el número de jóvenes y de mujeres 'sin techo' en Andalucía

'Sin techo' -sinhogarismo lo definen ahora e indigencia antes-. Es un fenómeno de carácter estructural que engloba a personas de muy distintos perfiles, y que, por diferentes causas, han terminado perdiendo un hogar y teniendo que pernoctar, o bien en las calles, o en los distintos dispositivos de atención. En definitiva, carecen de una vivienda a la que llamar hogar.

Es un fenómeno en aumento. Los datos existentes a nivel europeo desvelan que hay 700.000 personas en toda la Unión Europea en esta situación, un 70% más que hace una década. En España, la Estrategia Nacional de Personas en Situación de Sinhogarismo 2015-2020 hacía una estimación de alrededor de 33.000 personas. En Andalucía los datos más actualizados indican que en 2017, sólo en los ocho municipios más poblados, había 1.731 personas en esta situación, a lo que habría que sumar el resto de ciudades y pueblos de la Comunidad autónoma.

Pero hay datos más actualizados que evidencian la magnitud del problema: al menos 5.539 personas se encontraban en situación de sinhogarismo en Andalucía en 2022 según la Encuesta sobre las Personas Sin Hogar, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, también es un dato sesgado ya que únicamente contabilizaba a quienes se encontraban en centros de atención a estas personas y no a los más vulnerables, quienes duermen en la calle.

Así lo destaca la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta en el borrador de la que será la Primera Estrategia de Atención a Personas Sin Hogar en Andalucía 2023/26, a la que ha tenido acceso ABC, con una previsión de presupuesto de 55,9 millones de euros.

Según los datos de 2022 del INE, un 73% de las personas sin hogar en Andalucía son hombres y un 27%, mujeres. Sin embargo, y aunque se trata de un fenómeno muy masculinizado, cada vez hay más mujeres sin techo.

En cuanto a la franja de edad, la más común es entre 45 y 64 años (47,7%) seguido de 30 a 44 años (25,3%) y de 18 a 29 años (19,6%), aunque las ONG también alertan de que cada vez hay más jóvenes en esta situación.

Cáritas conoce perfectamente esta realidad. Atendió el año pasado a más de 5.000 personas sin hogar en Andalucía en sus distintos recursos (seis centros de día, 11 centros residenciales, 20 viviendas tuteladas, un centro de acogida nocturna permanente y siete proyectos de atención en la calle).

Mariano Pérez de Ayala es el presidente de Cáritas Andalucía y director de Cáritas Diocesana de Sevilla y asegura a ABC que han detectado, especialmente en la ciudad de Sevilla, un aumento de jóvenes que salen de centros de acogida al cumplir la mayoría de edad y se ven en la calle. «No se trata del perfil habitual de personas sin hogar pero lo hemos detectado y es preocupante», indicó.

En cuanto al género, reconoce que siguen predominando los hombres. Además, Cáritas también ha detectado un aumento de extranjeros 'sin techo'.

Pepa Cabanillas es responsable del área de Marginación y Vivienda de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y asegura que la tipología de las personas sin hogar ha cambiado mucho respecto al patrón anterior «y cualquier persona puede encontrarse en esa circunstancia».

«La gente llega a esta situación por circunstancias variopintas. Hay muchas personas que se ven en la calle por separaciones, desahucios, desempleo… Esto ha disparado los casos y ha ampliado la tipología convirtiéndolo en una realidad más poliédrica. Incluso ya no sólo es el hombre sino que se incorporan bastantes mujeres, algo que conlleva otro problema: la falta de enfoque de género que hay en los recursos para estas personas. No están concebidos para ellas», indicó.

La Junta de Andalucía pretende encarar este problema a través de dicha Estrategia ya que asume que la situación de estas personas «es una de las más extremas en cuanto a exclusión social de la población andaluza», por lo que propone impulsar un marco integral de actuación «desde un modelo de intervención centrado en la persona y la apuesta por la vivienda estable».

El objetivo, que estas personas restauren su proyecto de vida y se reincorporen a una sociedad «que debe incluirlas, siendo responsabilidad de las administraciones velar por unas condiciones de vida dignas, garantizando una vivienda, servicios adecuados para ellas, así como el acceso al empleo y a la salud, en condiciones de igualdad».