Condenado a pagar el exdelegado especial de la Zona Franca de Cádiz

El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación que presentó el exdelegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Miguel Osuna Molina , y lo ha condenado hoy a devolver 2,6 millones de euros por negligencia en el denominado «caso Rilco», el fallido proyecto de una red por internet para impulsar el comercio exterior y que se creó el año 2000. Osuna (PP) había recurrido antes la sentencia del Tribunal de Cuentas que le obligaba a pagar esa cantidad por su responsabilidad contable.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que si bien Osuna no era delegado especial cuando se redactaron los pliegos del contrato «si tenía que exigir su cumplimiento en debida forma incluyendo la constitución de avales lo que no hizo tal cual constatan las sentencias del Tribunal de Cuentas para declarar su responsabilidad por negligencia».

«La afirmación de que nadie le avisó de eventuales irregularidades en MFZ (la empresa norteamericana con la que se firmó el contrato)» cae por su peso a la vista de la propia sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz -que juzgó el caso penal-, aportada por el recurrente en la que figura que fue nombrado delegado especial tras la salida traumática del anterior delegado (Manuel Rodríguez de Castro), «cuya gestión estaba siendo fuertemente contestada tanto a nivel político como ventilada en los medios de comunicación por supuestas irregularidades en el control del gasto».

El alto tribunal razona que Osuna quizás no fue informado técnicamente de la existencia de irregularidades mas las razones de su nombramiento exigían una conducta más atenta respecto de los pagos de una contratación «bajo sospecha» tal cual declara el Tribunal de Cuentas.