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INMIGRACIÓN

El colapso institucional provoca la liberación de la mayoría de inmigrantes

Transcurridas 72 horas, la Policía Nacional, cuyos recursos están desbordados, se ve obligada a dejarlos en libertad

Dos subsharianos llegados al puerto de Tarifa esperan ser trasladados por la Guarcia Civil EFE/A. CARRASCO RAGEL

Soraya Fernández

La presión migratoria tiene colapsados todos los recursos policiales y asistenciales en la provincia de Cádiz. La mayoría de las personas que llegan a las costas de esta provincia andaluza tienen que ser dejados en libertad debido a que los dos únicos Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) existentes en Andalucía, los de Algeciras y Tarifa, están desbordados. Hablamos ya de miles de personas llegadas en lo que va de verano.

Son las ONG las que se encargan de atenderlos tras ser puestos en libertad aunque tampoco dan abasto. Así lo confirman a este diario fuentes de la Policía Nacional pero también de la judicatura.

Manuel Lobato es el responsable de Justicia del CSIF en la provincia de Cádiz y constata el problema existente. «En cada guardia —una semana— llegan a cada juzgado en Algeciras entre 100 y 150 expedientes de inmigrantes, pero entran muchísimas más personas a nuestras costas. Sólo hay que tener en cuenta los rescates. Lo que está ocurriendo es que la Policía Nacional no nos está pasando estos casos porque deja a la gran mayoría en libertad transcurridas las 72 horas reglamentarias porque no hay recursos para su internamiento. Hay un desbordamiento total en este sentido. Sólo nos remiten los que piden asilo político, quienes tienen algún arraigo familiar, los de Marruecos, país con el que tenemos tratado de devolución, o los que tienen alguna causa judicial pendiente. A los juzgados no llegan todos», explica.

De tres a cuarenta días

En similares términos se expresa el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros: «Dada la cantidad de personas que llegan y los plazos legales establecidos para resolver su situación, muchas veces no hay tiempo. El problema es que antes de ponerlos a disposición judicial hay un plazo de 72 horas, pero no todos pasan al juzgado . Cuando son marroquíes es muy fácil tramitar la expulsión inmediata —debido al tratado entre Marruecos y España— y no pasan por el juzgado. Sin embargo, cuando son subsaharianos, lo que procede es su internamiento en los CIE con un plazo máximo de 40 días, un plazo que muchas veces se sobrepasa porque no se ha podido gestionar la expulsión».

En este sentido, indica que el problema es más extrajudicial porque si en 72 horas no se ha regularizado h ay que dejar a estas personas en libertad , «que es lo que se está haciendo ahora».

Juan Cisneros reconoce, no obstante, la carga de trabajo que está suponiendo la inmigración irregular: «Carga de trabajo es, aunque no excepcional. No es lo mismo tener en una guardia unos cuantos asuntos de droga, coches robados o lo que se despacha normalmente, que sumar a eso el gestionar también 70 internamientos».

El fiscal jefe de Algeciras explica que además, el fenómeno de la inmigración irregular raramente da lugar a causas penales «porque casi nunca se descubre quién es el organizador del viaje en patera».

Pese a la actual situación, el partido judicial de Algeciras es el que tiene más entradas de inmigrantes irregulares de toda España y el más conflictivo de toda Andalucía, según han denunciado los propios abogados de oficio durante la conmemoración del Día de la Justicia Gratuita, que se celebró el pasado jueves. «El partido judicial de Algeciras no sólo es la única frontera de Europa en esta comunidad sino que es el límite de dos mundos totalmente distintos y por tanto, tiene una conflictividad especial y como todo lo que afecta a esta zona, estamos olvidados».

Los abogados de oficio de Algeciras denuncian que están sufriendo un agravio comparativo respecto a otros colegas ya que sostienen que pese a la masiva entrada de inmigrantes, partidos judiciales como los de Ceuta y Melilla «reciben mucho mejor trato».

Cien abogados

Doscientos abogados prestan servicio en el ámbito penal en el partido judicial de Algeciras y unos cien para los asuntos de extranjería, una cifra sobrepasada con creces con demasiada frecuencia por la cantidad de extranjeros a los que tienen que asistir.

También denuncian que la plantilla de guardia es la más baja de toda la provincia de Cádiz. «No merecemos este trato por parte de la Junta de Andalucía. Además, somos donde peor pagados estamos pese a nuestra carga de trabajo. Ya es hora de que la Junta de Andalucía reconozca nuestra honrada y callada labor», señalan.

La asistencia jurídica gratuita es prestada a toda persona física , ya sea española o de cualquier país miembro de la Unión Europea residente en España. También a la persona extranjera que se encuentre en España en los procesos de denegación de entrada, devolución o expulsión del territorio, o en materia de asilo.

El Colegio de Abogados de Cádiz ha desvelado que del total de 32.850 expedientes en turno de oficio en la provincia, el 50% corresponde a asuntos de índole Penal (16.319); el 39% Civil (12.876) y Extranjería, un 11% (3.655). Además, reconoce que los asuntos de extranjería han crecido en los últimos años en la provincia, llegando a las 6.170 asistencias.

La Junta de Andalucía ha reforzado las guardias en los juzgados durante los meses de julio y agosto del Campo de Gibraltar tras la denuncia y petición formulada por el sector de Justicia del CSIF. Dicho sindicato reclamó no obstante al Gobierno autónomo un refuerzo «de forma indefinida» de dichas guardias dada la situación que vive la comarca en relación al narcotráfico, la delincuencia y el contrabando y, por otro lado, la inmigración ilegal.

CSIF ha conseguido que dicha plantilla, integrada normalmente por ocho funcionarios en cada juzgado de Instrucción, cuente al menos estos meses con todo el personal de guardia y no sólo con la mitad, como ocurría hasta hace muy poco.

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