Inmigración
Los Defensores del Pueblo reclaman en Tarifa un plan estratégico nacional para los Mena
Exigen que prime su condición de niños frente a la de inmigrantes y llaman a la responsabilidad de los poderes públicos
Los Defensores del Pueblo de España reclaman a los poderes públicos un plan estratégico nacional de atención a menores extranjeros no acompañados –Menas-, que asegure la protección de estos niños, adolescentes y jóvenes y que valore la necesidad de atenderlos de una manera coordinada, solidaria, ordenada y responsable entre los territorios.
Es uno de los puntos de la declaración firmada este miércoles en Tarifa (Cádiz) por los Defensores del Pueblo de España, Andalucía y el resto de comunidades autónomas, en defensa y protección de los niños y niñas que llegan a nuestro país sin la compañía de personas adultas que los protejan.
La han rubricado en el transcurso de un acto en la ciudad gaditana en el que han descubierto una escultura que simboliza la acogida del Campo de Gibraltar a los inmigrantes.
En dicha declaración, que incluye diez puntos, exigen también que todas las decisiones que se adopten con los Mena respondan al interés superior de los mismos, primando la condición de niños frente a la condición de extranjeros.
Los Defensores del Pueblo instan además a los poderes públicos a que la atención a este colectivo se efectúe «desde la perspectiva de protección a la infancia, cumpliendo con la normativa y pronunciamientos judiciales, y asumiendo las directrices del Comité de los Derechos del Niño , que abogan por la excelencia en el trato a la infancia más desfavorecida».
También recuerdan la especial vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes extranjeros sin referentes familiares que son víctimas de trata de seres humanos, lo que obliga, según indican «a los poderes públicos a incrementar y reforzar la protección de los mismos».
Inciden en la responsabilidad que tienen en esta realidad la Unión Europea «y todas las administraciones públicas nacionales» a la hora de establecer un sistema de protección «garantista partiendo de los principios de racionalidad, eficacia, solidaridad y lealtad institucional».
Asimismo, instan a los poderes públicos a lograr «la plena integración » de estos menores en nuestra sociedad mientras permanezcan en territorio español, «otorgándoles la oportunidad de ser parte de ella de forma responsable».
En este sentido, aseguran estar convencidos de que la presencia de estos menores sin referentes familiares «no es tanto una carga para los sistemas de protección sino que, por el contrario, supone una aportación de gran valor para el desarrollo de la sociedad de acogida», señalan en la declaración.
Otro punto sobre el que llaman la atención es la necesidad de cooperar y colaborar con los países de origen de estos menores para prevenir «la inmigración insegura» y garantizar que, en su caso, los procesos de repatriación por reagrupamiento familiar respondan siempre al interés superior de los Mena.
Demandan igualmente la elaboración de planes de atención a jóvenes ex tutelados para evitar que su protección quede interrumpida automáticamente al alcanzar la mayoría de edad y puedan caer en la marginación y exclusión social.
«Nos pronunciamos expresamente contra la criminalización de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados, y exigimos una reacción pronta de las administraciones para que sus derechos fundamentales sean respetados, a la vez que una mayor sensibilización de los medios de comunicación, entidades públicas, privadas y ciudadanía en general, para no alentar su estigmatización y alarma social con informaciones falsas y tendenciosas », concluye la declaración.
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