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Las zonas del municipio jerezano más afectadas son la Barriada de España, Picadueñas y la calle Nueva

El PP propone un plan municipal en Jerez contra las ocupaciones ilegales

El equipo de Gobierno afirma que ya existe un censo de viviendas vacías, como reclaman los populares, que se presentará el mes que viene

Una de las viviendas ocupadas en la Barriada de España E.C.

E. Carmona

La Barriada España de Je rez salía hace algunos días denunciando la situación de « inseguridad » que viven en la zona ante la ocupación de fincas vacías que están provocando momentos de peleas, tráfico de sustancias estupefacientes e icluso prostitución, decían los vecinos en la denuncia. Junto a esta barriada, dice el PP que existen otras zonas del término municipal como Picadueñas o la calle Nueva que están teniendo problemas con los ocupas. Por eso, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jerez, Antonio Saldaña , presentaba este martes en rueda de prensa una propuesta para que el Ayuntamiento de Jerez ponga en marcha un Plan Municipal de Gestión de las Okupaciones Ilegales «especialmente vinculadas a aquellas relacionadas con mafias o que provocan problemas de seguridad y convivencia».

Los populares consideran que «el Ayuntamiento no puede estar ajeno a una realidad social que genera conflictos, inseguridad, costes adicionales para administraciones y comunidades de vecinos y una pérdida de valor para los inmuebles».

Como ha explicado el portavoz del PP de Jerez, la propuesta de este Plan Municipal contempla medidas concretas para que desde el Ayuntamiento y la empresa municipal de vivienda se ponga freno a estos episodios que tantos problemas están ocasionando a muchos vecinos de Jerez.

Entre las medidas, Saldaña ha indicado que se propone crear un equipo de trabajo que surja de la Junta Local de Seguridad (a la que se incorpore personal de Servicios Sociales) que elabore un protocolo de actuación público y efectivo contra las ocupaciones ilegales así como crear una Oficina Municipal Antiokupas que preste atención a los vecinos afectados con seguridad y confidencialidad.

El Plan propuesto por los populares contempla la puesta en marcha de un teléfono de atención al afectado, confidencial y gratuito así como el refuerzo de la coordinación y la presencia de los cuerpos de seguridad en las zonas denunciadas, con coordinación de Policía Local , Policía Nacional y Guardia Civil (para la zona rural) que pueda personarse de forma inmediata ante una denuncia e impedir la okupación o, si ya se ha producido, requerir al abandono de la vivienda.

Los populares consideran esencial que desde el Ayuntamiento se promueva la denuncia de las ocupaciones ilegales de tal forma que se denuncie lo antes posible y que se pueda conseguir un desalojo judicial rápido así como coordinación con las empresas suministradoras para que, en estos casos de ocupación vinculada a mafias o vandalismo, éstas impidan los enganches ilegales.

Antonio Saldaña también ha señalado que se propone la elaboración de un censo de viviendas ocupadas que diferencie las ocupaciones mafiosas de aquellas realizadas por personas con necesidad así como desarrollar y promover un parque de viviendas sociales que aumente la cobertura. A esta última opción respondía el Ayuntamiento de Jerez por nota de prensa, que recordaba al grupo Popular que “el Ayuntamiento ya cuenta con un estudio sobre las viviendas vacías que existen en Jerez. Se trata de un diagnóstico específico sobre este tipo de inmuebles, incluido en el Plan Municipal de Suelo y Vivienda que se presentará en septiembre a colectivos y grupos políticos para sus aportaciones”.

La elaboración de este documento finalizó el pasado mes de julio, y responde al compromiso del Ejecutivo local con el desarrollo de políticas sociales y de seguridad ciudadana.

Asimismo, el Gobierno local añade que, “además de analizar la situación de la vivienda vacía, este plan aborda otros asuntos relacionados como son el parque de viviendas que existe en Jerez; su estado de conservació n; y las necesidades de actuación que precisan para mejorar la accesibilida d”.

Por último, el Ejecutivo local recrimina a este grupo político “que proponga que se han públicas las direcciones de los inmuebles no habitados, algo que no debe hacerse por razones objetivas de seguridad”.

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