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Juzgados

Prisión provisional y sin fianza para un cura de Jerez de la Frontera por un presunto abuso de menores

El Obispado de Asidonia-Jerez se presenta como acusación particular tras la denuncia por pederastia

Imagen de la parroquia de San Rafael, en el entorno de la barriada de Federico Mayo

Elena Carmona

Un sacerdote perteneciente a la parroquia de San Rafael de Jerez de la Frontera ha ingresado en prisión de manera provisional y sin fianza , según ha podido confirmar este medio, tras presentarse la denuncia de los padres de un joven de 16 años que lo acusan de un presunto delito de abuso de menores . La titular del juzgado de instrucción Nº 3 de la localidad jerezana dictaba auto de prisión provisional comunicada y “sin fianza contra dicho sacerdote”.

El Obispado de Asidonia-Jerez indicó en un comunicado que, una vez recibida la denuncia de dichas acusaciones, y en cumplimiento de la Ley, «se han notificado de manera inmediata a la Fiscalía los hechos denunciados e incluso en el trámite de diligencias previas este Obispado se ha personado como acusación popular contra el denunciado para colaborar en la búsqueda de la verdad».

Según ha podido saber este medio, el menor contó los hechos a un seminarista que le animó a que presentara la denuncia. Asimismo, el Obispado ha manifestado que «es tá a disposición de la justicia para ayudar a esclarecer todas las circunstancias para la búsqueda de la verdad en todo lo que le fuera requerido».

La institución eclesiástica tiene bien claro que no quieren que este tipo de hechos, que calificaron como « lamentable y doloros o empañe la labor de tantos sacerdotes que se entregan con entusiasmo y responsabilidad en su ministerio».

Asimismo, siguiendo los protocolos establecidos por la Santa Sede, «se han tomado las oportunas medidas cautelares , así como apertura del procedimiento canónico para estos casos». Sin embargo, indican que «este Obispado nunca ha tenido noticias, denuncias o indicios sobre conductas irregulares de este sacerdote».

El cura era de origen sudamericano y, según explica la Diócesis, en el momento en el que obtuvo la nacionalidad española, “«las autoridades solicitaron los correspondientes certificados de antecedentes penales tanto en su país de origen, como en España, sin que se encontrara antecedente penal alguno».

Por otro lado, el Obispado ha recibido instrucciones por parte del abogado de la parte demandante para que «no se manifieste ninguna información sobre el caso que pudiera poner en riesgo la intimidad e identidad de la víctima con las consecuencias judiciales que pudieran producirse».

La institución eclesiástica confía «en la labor y resolución de los órganos judiciales», a la vez que manifestó públicamente su firme condena ante este tipo de actos y adelantó que pondrá todo su esfuerzo en que «estas conductas no tengan cabida en nuestra Iglesia» .

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