Un retraso de la juez Bolaños da al traste con siete años de investigación contra 25 ex cargos del PSOE en Andalucía

Siete años de declaraciones de imputados y testigos, indagaciones policiales, informes periciales, pruebas documentales y escritos de acusaciones y fiscales, quedan ahora invalidadas debido a un fatal retraso. Es lo que se desprende de un auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, que declara la caducidad de la causa matriz de los Avales reglados, concedidos al amparo de una orden de la Consejería de Innovación de la Junta de Andalucía del año 2008 y de los que se beneficiaron 18 empresas.

La investigación trataba de determinar si la entidad de la Junta de Andalucía o la antigua Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa utilizaron de modo ilícito la figura de los avales como medio para hacer llegar fondos públicos «de manera absolutamente arbitraria e injusta» a determinadas empresas que también habían recibido ayudas con cargo al fondo ilegal de los ERE.

El tribunal estima parcialmente los recursos de apelación presentados por las defensas de varios investigados que alegaron que se había prorrogado de manera extemporánea el plazo de instrucción de una de las piezas separada de la macrocausa, centrada en los avales concedidos a la empresa Cofrutex. El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece un sistema de plazos para evitar que se eternicen las investigaciones judiciales. Las causas complejas pueden prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público y el instructor del caso lo soliciten y motiven su ampliación.

Lo ocurrido en esta causa es que hubo un momento en el que no se realizó este trámite obligatorio. No fue por falta de diligencia de la Fiscalía Anticorrupción, que el 16 de mayo de 2017 dirigió un escrito a la juez Núñez Bolaños pidiéndole la prórroga. Su solicitud tuvo registro de entrada en el Juzgado dos días después, pero la magistrada tardó casi mes y medio en dictar el auto. Lo hizo el 30 de junio de 2017, demasiado tarde. Según el auto de la Audiencia, la instrucción caducó el 6 de junio de ese año, por lo que insta al nuevo juez instructor a que decida sobre su sobreseimiento.

En una resolución del pasado 18 de octubre notificada el pasado miércoles a las partes, la Sección Primera señala este error de la entonces instructora de la macrocausa de los Avales. Atendiendo a los antecedentes jurisprudenciales y a la legislación que es de aplicación, «solo puede confirmarse que el auto del 30 de junio de 2017 fue dictado cuando la magistrada de instrucción carecía de título competencial alguno para ordenar diligencias de investigación novedosas y, singularmente, para acordar la prórroga de la declaración de complejidad con la que se quería habilitar la continuación de la instrucción», concluye.

Llueve sobre mojado en el caso Avales. En mayo de 2019, Núñez Bolaños decretó su archivo al no apreciar delitos. La Fiscalía recurrió y la Audiencia le dio la razón obligando a la juez a reabrirlo. Previamente, el Ministerio Público y la acusación popular ejercida por el PP andaluz no se cansaron de solicitar pesquisas que eran desoídas sistemáticamente por ella.

El fiscal Francisco Sánchez Mellado perdió la paciencia y en un escrito dirigido al juzgado se quejó de que «durante todo este tiempo –era marzo de 2018 y la causa empezó a impulsarse en junio de 2016– el avance de la investigación ha sido prácticamente inexistente, pese a que él ha interesado en diferentes ocasiones diligencias cuya práctica viene siendo denegada de manera sistemática por la magistrada».

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, y los seis fiscales Anticorrupción de Sevilla presentaron una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la juez debido a los «retrasos injustificados» y la «desatención» de distintos procedimientos judiciales, entre otros el caso Avales. El CGPJ dio carpetazo a la investigación disciplinaria al considerar que las demoras en los procesos no eran merecedoras de ninguna sanción por falta grave o muy grave.

En esta macrocausa de los Avales hay 25 ex altos cargos investigados, entre ellos el exconsejero de Innovación Martín Soler y el exviceconsejero Jesús María Rodríguez Román, que está cumpliendo pena de prisión por el sistema de ayudas de los ERE. Todos se verían exculpados si finalmente se da carpetazo a la investigación.

La macrocausa de los Avales va camino de seguir los pasos del caso Isofotón, que fue archivado debido a un fallo en la instrucción, lo que dio lugar al sobreseimiento y a la exculpación de 40 ex altos cargos y responsables de la Junta imputados. A pesar de que existían serios indicios de desvío de fondos públicos, no se pudieron perseguir los delitos al haberse superado los plazos de instrucción que fija la Justicia para estas investigaciones.

En el caso Avales se han presentado recursos de apelación similares al de la empresa Cofrutex en 19 piezas separadas en que se ha dividido esta macrocausa, una por cada una de las empresas que recibieron avales irregularmente y que están investigadas.

Juan Carlos Alférez y Manuel Pérez Cuajares, del bufete Constitución 23 Estudio de Litigación, pioneros en la presentación de estos recursos, estiman que el auto por los que declara caducada la instrucción de los avales reglados a fecha del 6 de junio de 2017, «determina el archivo de todas y cada una de las piezas de todos los avales reglados actualmente en tramitación, tanto para la totalidad de sus clientes como para el resto de investigados que también se sumaron a los recursos, incluso contra aquellos investigados que ni tan siquiera recurrieron».