Claves para entender la guerra política por el futuro de Doñana
El agua de Doñana enfrenta a PP y PSOE y divide a la comarca onubense
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La toma en consideración por el Parlamento andaluz del proyecto de ley sobre regadíos en el entorno de Doñana ha provocado una tormenta política en torno a este enclave de alto valor ecológico. Estas son algunas preguntas fundamentales para entender las causas del conflicto.
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¿Qué regula el proyecto de ley que se está tramitando?
La proposición de ley regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, que son Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana, integrantes del denominado Condado de Huelva, una zona donde se cultivan frutos rojos —Huelva aporta el 90% de la producción nacional—. Se pretende poner orden en la situación generada con la regularización de riegos decretada entre 2004 y 2014, bajo gobierno socialista, cuando la Junta se comprometió ante la UE a cerrar los numerosos pozos ilegales de la zona y facilitar agua desde un trasvase. Actualmente hay unos 650 agricultores —la cifra no se ha llegado a determinar nunca— al margen del acuerdo porque no se les identificó o porque se trata de plantaciones posteriores. El Gobierno andaluz quiere normalizar ahora esta situación de alegalidad.
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¿De dónde viene el agua para esos riegos?
En teoría el agua no vendría del subsuelo próximo a Doñana, sino de trasvases. Es lo que recalca el Gobierno de Juanma Moreno. El proyecto de ley invoca la Ley 10/2018 sobre la transferencia a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de 19,99 hectómetros cúbicos desde la Demarcación Hidrográfica de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, un trasvase con el que se garantizaría el equilibrio hídrico. También se contaba con la presa de Alcolea, con capacidad para 166 hectómetros cúbicos de agua embalsada. Con todo este agua no habría problema para regar el entorno de Doñana. Pero no se han hecho ni las conducciones para el trasvase ni la citada presa.
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Si no hay trasvases, ¿de dónde se cogerá el agua?
Es la pregunta del millón. Según el PSOE, el proyecto de ley del Gobierno de Moreno plantea una situación irreal porque, además de que no están hechas las canalizaciones para los trasvases —algo de lo que el PP culpa al Gobierno de Sánchez—, cuando estén ese agua estará destinada a otros cometidos. Según los socialistas, lo que hace la Junta es dar carta blanca a los regantes, que al no tener otra opción tomarán del subsuelo el agua que va a Doñana. El PP, por su parte, apremia al Ministerio a ejecutar el trasvase que ellos mismos aprobaron y garantiza que ese agua estará destinada a solventar el problema del riego, ya que su gestión es competencia autonómica.
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¿Qué es el acuífero 27?
El Parque Nacional de Doñana se localiza en el extremo meridional del sistema acuífero número 27. La recarga natural del acuífero se ha estimado en 200 hm3 de media al año, pero la sobreexplotación y la merma en los aportes y recargas de las lagunas de El Brezo, Charco del Toro, Zahillo, Taraje, Laguna Dulce, Laguna de Santa Olalla, Las Pajas o El Sapo han puesto en serio peligro su equilibrio natural. Según un estudio de 2022, de los 16 sectores en los que se divide el acuífero, tan solo uno está en situación de normalidad; dos se hallan en estado de 'prealerta', diez en 'alerta' y otros tres en 'alarma'. En definitiva, la aorta que aporta agua a Doñana se seca y nuevos 'pinchazos' en forma de riego comprometerían aún más su supervivencia.
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¿Por qué el PSOE no reguló esta situación desde 2014?
El problema de los regantes del entorno de Doñana es un 'marrón' que los socialistas no han querido afrontar en una provincia cuya Diputación controlan. Con municipios vecinos enfrentados por el uso del agua, los gobiernos de Griñán o Susana Díaz siempre optaron por mirar hacia otro lado para no tener que pronunciarse. De hecho, el PSOE se abstuvo en la primera votación parlamentaria sobre el proyecto de ley que tanto indigna ahora, antes de las elecciones autonómicas de 2022. Ahora es la primera vez que los socialistas se pronuncian con claridad al respecto.
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¿Por qué no se controlan los pozos ilegales de riego?
Sí se controlan, o al menos se intenta. Desde agosto de 2019 la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha cerrado 116 pozos ilegales por ejecución forzosa, a lo que hay que sumar los más de 300 pozos cerrados por la Comunidad de Regantes El Fresno. Pero el control es difícil, porque se trata de pequeñas explotaciones y la vigilancia es complicada. Lo que pretende precisamente el proyecto de ley es establecer un nuevo marco jurídico para regularizar una situación que ahora mismo es caótica y acabar con los 'pinchazos' al acuífero, ya que con el agua de los trasvases no serían necesarios.
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¿Qué incidencia electoral puede tener la polémica?
Es una de las incógnitas. Es evidente que, a cuarenta días de la cita con las urnas, todos los movimientos de los partidos se hacen en clave electoral. Y la Diputación de Huelva es una de las que el PP intentará arrebatar al PSOE. Si los populares han abierto el melón de Doñana en estas fechas, es de suponer que lo hacen tras calibrar la repercusión electoral de un debate que genera apoyos y rechazo en la comarca.
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¿Está la supervivencia de Doñana realmente en el aire?
El reciente informe del CSIC señala que el Parque Nacional está en «estado crítico» después de que más de la mitad de sus lagunas hayan desaparecido. La revista científica Science of The Total Environment ha constatado que el 59% de las lagunas de mayor tamaño de Doñana no se han inundado al menos desde 2013. La situación es grave. La cuestión es si el proyecto de ley agrava la cuestión o la soluciona.
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