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La Comisión Europea se abre a estudiar «los argumentos» de la Junta de Andalucía sobre los regadíos en Doñana

El consejero de Medio Ambiente traslada al comisario europeo que la proposición de ley que tramita el Parlamento autonómico «en absoluto perjudica» al espacio protegido, pero la Comisión mantiene su preocupación

El Gobierno dice que hay más vías para impedir el plan de la Junta en Doñana además del artículo 155

El comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, y el consejero de Sostenibilidad y portavoz del gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la reunión de este lunes ABC
Antonio R. Vega

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La Comisión Europea (CE) asiste perpleja a la bronca entre la Junta de Andalucía y el Gobierno, entregados a un peculiar duelo a garrotazos en el que son incapaces de entenderse para dar una solución a los regadíos de la corona norte de Doñana. En medio de este clima de hostilidad entre dos administraciones españolas, ha tenido lugar este lunes en Bruselas un encuentro entre el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, y el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, quien había solicitado la reunión para explicar «personalmente» a la Comisión Europea su postura sobre este asunto.

La pugna entre Junta y Gobierno se ha desatado en torno a una proposición de ley que ha presentado el PP en el Parlamento andaluz que propugna la ampliación del suelo regable al norte del espacio natural, siempre que haya aguas superficiales disponibles procedentes de trasvases que tiene que ejecutar el Ejecutivo central.

Al término de la reunión, el responsable autonómico ha declarado a los periodistas que la Comisión Europea «se ha comprometido a estudiar los argumentos» de la Junta, a favor de dar una salida legal a los agricultores del entorno de la mayor reserva ecológica de Europa, así como las razones que expone el Gobierno de Pedro Sánchez, contrario a un plan que considera ilegal y que, a su juicio, pone en peligro el humedal declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Para ser exactos, según la nota difundida a los medios de comunicación, la CE evaluará «cuidadosamente» las «aclaraciones» proporcionadas en las cartas del Gobierno español y del Gobierno andaluz el pasado viernes.

La Comisión Europea está preocupada sobre la propuesta y la reunión no le ha hecho cambiar de opinión. Bruselas ha amenazado con sancionar a las autoridades españolas si se aprueba plan que apoya el Gobierno regional de Juanma Moreno. El consejero andaluz ha querido rebajar la presión usando la pedagogía para tratar de convencer al comisario europeo de que la iniciativa, lejos de aumentar la presión sobre el acuífero de la mayor reserva ecológica de Europa, persigue precisamente aliviarla porque apuesta por el uso de aguas superficiales para poner coto a los pozos ilegales.

No «perjudica» al humedal

«En absoluto perjudica al acuífero de Doñana, siempre estamos hablando de agua en superficie», ha recalcado Fernández-Pacheco, porque el agua subterránea «tiene que ser» para el espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. No obstante, ha insistido en que se pueden introducir modificaciones en el proyecto durante su tramitación en el Parlamento andaluz, aprobada con los votos del PP y Vox.

En la citada reunión, el comisario europeo de Medio Ambiente le ha expresado la preocupación de la Comisión Europea por el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obliga a proteger Doñana. Dicha inquietud es compartida por el Gobierno de Juanma Moreno (PP), ha dicho Fernández-Pacheco, quien ha indicado que, en la cuota del 10% que le corresponde a la Junta, «estamos siendo extremadamente diligentes en su cumplimiento». «Le hemos ofrecido colaborar por el cumplimiento de la sentencia en Doñana. La conservación del Parque Nacional es una obligación legal, pero sobre todo moral para todas las administraciones», ha recalcado.

Además, el comisario ha indicado que asiste con preocupación a «todo el revuelo mediático interesado que estamos viviendo en nuestro país», ha abundado el consejero. La Junta está siendo objeto de un «torbellino de descalificaciones, insultos», aparte de «bulos y mentiras» en este asunto, ha añadido.

Un encuentro adelantado

«Hemos acudido a esta reunión con la verdad como único instrumento y como único arma con el que defendernos frente a este ataque continuo y al aluvión de descalificaciones y mentiras del Gobierno de España», ha declarado el consejero al término de la reunión con el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, un encuentro que estaba inicialmente previsto para el 3 de mayo, y que se ha adelantado.

El responsable autonómico ha insistido también en que la proposición no supone ninguna «amnistía» para los agricultores que expolian los pozos y ha defendido que desde 2019, tras la llegada de Moreno a la Presidencia de la Junta, «se ha multiplicado por cuatro los procesos sancionadores».

Al acabar la reunión, el consejero ha detallado también que le ha trasladado al comisario que la proposición de ley no afecta al enclave declarado Patrimonio de la Humanidad, ni al parque nacional ni al espacio natural, sino a la corona forestal al norte del mismo.

El consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz ha explicado, además, que la proposición está abierta a enmiendas y modificaciones por parte de los grupos ya que precisamente está en trámite en el Parlamento andaluz. «La proposición del Grupo Parlamentario Popular pretende precisamente suscitar el debate en un asunto tan sensible como lo es todo lo que pueda afectar a Doñana», ha defendido.

También señalado las medidas a las que se comprometió el Gobierno de España para ayudar al cumplimiento de la sentencia europea: el cumplimiento de la Ley 10/2018 sobre la transferencia de 19,99 hm3 de agua desde la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir. El desarrollo de esta ley, que cinco años después aún no se ha iniciado,contribuirá en gran medida a la preservación del acuífero de Doñana.

En esta batalla por el relato, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, se apuntó el primer tanto. La pasada semana se reunió con el responsable europeo de Medio Ambiente para hacerle partícipe de la «preocupación» del Ejecutivo con la propuesta apoyada por el Gobierno de Juanma Moreno y le avanzó que usaría todos los medios a su alcance para frenarla.

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