Los constructores denuncian que muchos ayuntamientos no aplican la revisión de precios

Por ello, Cacop insta a las entidades locales a que se acojan al sistema, al igual que están haciendo las administraciones central y autonómica, tal y como recoge la legislación vigente e incluso dictamina la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado. Si bien hay ayuntamientos que sí las están recogiendo, otros muchos están optando por el silencio administrativo o incluso denegándolas.

«Lo que está sucediendo es duro e injusto. No resolver favorablemente las solicitudes de revisión e incluso más si cabe el silencio administrativo, está obligando a las empresas a recurrir a la vía judicial», explica Arturo Coloma, gerente de la asociación.

Cabe recordar que la legislación extraordinaria (Real Decreto Ley 3/2022 y Decreto Ley 4/2022) aprobada por la imprevisible y muy significativa alza de precios durante 2021 y 2022, está sirviendo para paliar «muy levemente» la afección de la subida de costes a los contratos de obras que estaban en ejecución en 2022 o que fijasen los precios de contrato hasta marzo de 2023. La propia ley recoge en su motivación la causa en un incremento extraordinario de costes, incremento que era imprevisible en el momento de la licitación y que excedería del que pueda ser incluido en el riesgo y ventura que el contratista ha de soportar.

«El impacto real en los costes ha sido superior al 30% y esta legislación solo lo resuelve en una pequeña parte al no recoger las subidas de energía», señala Coloma, quien advierte de que hay un porcentaje elevado de proyectos que «son inviables económicamente, poniendo en riesgo el futuro de las empresas y sus trabajadores».

Ceacop pone el acento en la problemática que esto supone para las pequeñas y medianas empresas que trabajan para entidades locales, ya que son las que sufren directamente los efectos «y no tienen capacidad para soportar estas pérdidas». Según la patronal de la construcción, los ayuntamientos deberían, por encima de otras consideraciones, aplicar la legislación como hace el resto de las administraciones públicas y evitar el daño producido en los contratos afectados, así como la litigiosidad que conlleva, «que es costosa y tardía en el tiempo, lo cual no se pueden permitir las finanzas de las pequeñas empresas», matiza el gerente de Ceacop.

La asociación valora positivamente la adhesión al sistema extraordinario de revisión de precios por la Junta de Andalucía e insiste en que las resoluciones sean «aprobadas y abonadas» con la mayor agilidad posible.