Expertos y empresarios recelan del plan de Zapatero para la economía sumergida

Dudan de su efectividad y del momento tan crítico en el que se aplicaría; los sindicatos lo miran con esperanza, pero ponen condiciones

B. L. / J. M. C.
CÓRDOBA Actualizado:

Los empresarios cordobeses recelan del plan nacional de lucha contra la economía sumergida, muy arraigada en la provincia, que ha anunciado el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Los sindicatos sí lo miran con cierta esperanza, aunque le ponen condiciones. Por su parte, los expertos consultados dudan de su efectividad.

Del plan hay pocas pistas: arrancaría en junio arrancaría y terminará en diciembre de 2012. En ese periodo se busca que las empresas regularicen voluntariamente a sus trabajadores y que el Estado ayude; por ejemplo, prolongando los plazos para pagar el dinero adeudado por los negocios. Sostienen que no será una amnistía y que desde enero de 2013 las sanciones por economía sumergida se elevarán. Las últimas filtraciones dibujan otro planteamiento: del presente mes hasta junio, empresarios y trabajadores podrían regularizar su situación en condiciones favorables —se perdonaría la multa prevista y habría condiciones especiales para el pago aplazado de la deuda a la Seguridad Social—. Tras ese trimestre, durante año y medio, la Inspección de Trabajo multiplicaría sus esfuerzos y podría poner sanciones más fuertes.

Los empresarios cordobeses miran con recelo, mayor o menor, la medida. El presidente de la Cámara de Comercio y vicepresidente en CECO, Ignacio Fernández de Mesa, asegura que lo «único» que busca es «rebajar las terribles cifras de paro». Desconoce los efectos que acabará teniendo en la provincia, pero no es nada optimista, pues ve en este plan un «parche», porque «no ataca el problema de raíz». Para acabar con esta lacra, según Fernández de Mesa, hace falta que «los negocios tengan un sistema fiscal adecuado y unas obligaciones sociales equilibradas».

Joyería y mueble

Dos sectores tradicionalmente afectados por la economía sumergida en Córdoba —joyería y madera— plantearon a través de sus máximos representantes en la provincia, Manuel Berral y Javier Espinosa, respectivamente, también reparos. «Atacar la economía sumergida es importante, pero habrá que ver si de verdad hay intención de eliminarla y si van a buscarla a esos polígonos que hay por ahí totalmente escondidos en la ciudad y que todo el mundo conoce», apuntó Espinosa. El plan sólo será útil, sostuvo, si «no tiene afán recaudatorio», si se les da ocasión a las empresas que quieren regularizarse de partir de cero sin tener que cobrarles la deuda contraída con el tiempo —algo que no prev este programa—.

Su homólogo de la Asociación Provincial de Joyeros recordó que su área de actividad estableció hace años un plan con la Administración para actuar sobre el que es «el tercer sector de la provincia en economía sumergida, según un estudio de la Junta». Berral matizó que «el problema ha tenido que disminuir mucho tras el número de empresas cerradas y de empleos destruidos con la crisis». Por esa razón, consideró que hay cuestiones más importantes como reactivar el consumo.

Los expertos consultados por ABC dudan de la efectividad del programa. El profesor de Política Económica y director de ETEA, Gabriel Pérez Alcalá, dijo que el plan «como está formulado ahora no sirve para nada». Y avisó de que contra el fraude estructural «no se lucha con planes de choque, sino con perseverancia, evitando las lagunas legales y poniendo medios para tener resultados a medio y largo plazo». De todas formas, avisa de que el Gobierno tiene voluntad de combatir esta lacra, pero «no tiene suficientes medios humanos, y en la actual situación no creo que los ponga, y por cuestiones políticas no se han hecho los cambios que se debía».

Negociación pendiente

Más crítico fue el presidente del Colegio de Economistas de Córdoba, José María Casado Raigón: «Soy escéptico, por lo que s d él, con que dé resultados en Córdoba y España». No en vano, está «decepcionado» con la actitud del Gobierno de comunicar constantes propuestas que «no tienen seguimiento, ni credibilidad, ni garantías para llegar a buen puerto»: «Éste es un nuevo anuncio y otra manifestación de desesperación del Gobierno por enjugar el déficit y bajar la deuda. Todo por presión de la UE».

Sí miran con cierta esperanza el plan los sindicatos, aunque le ponen condiciones, como que se cuente con la opinión de los agentes sociales —aún se debe negociar con ellos—. Antonio Fernández, secretario provincial de UGT, puso como ejemplo el plan similar que hizo Italia en 2008, con el que afloró «el 80%» de la economía sumergida del país, y la idea aquí es que las empresas tengan un incentivo atractivo para regularizar su situación con la «suficiente sensibilidad del Gobierno para que no acaben desapareciendo. No estamos ahora mismo para cargarnos más negocios». No se trata, aclaró, de una condonación total de la deuda, pero «sí de tener en cuenta la idiosincrasia de cada zona».

Su homólogo en CC.OO., Rafael Rodríguez, defiende que el plan «no se quede sólo en medidas coercitivas». Ambos sindicatos destacan la posibilidad de ingresos que puede generar para el Estado y la bajada del déficit.