Los constructores andaluces muestran su malestar por la adjudicación de obras a Tragsa en la región

Los constructores andaluces han mostrado su malestar en una reunión celebrada en Córdoba por la «cada vez más frecuente» adjudicación de obras administrativas andaluzas a la empresa pública Tragsa en «detrimento de las empresas del sector» en la región, han apuntado en una nota.

El comité ejecutivo de la Federación Andaluza de Contratistas (Fadeco) se ha celebrado en Córdoba y ha tenido en este punto uno de los asuntos que han abordado los responsables provinciales de la construcción de obra civil. Esta situación «provoca malestar entre los empresarios» que han informado de la creación de una mesa de seguimiento de las actuaciones de esta compañía del Estado en Andalucía y que sena «propias del sector de la construcción».

Uno de los casos es el del Palacio de Congresos de Córdoba, propiedad de la Junta de Andalucía, y cuya última fase de remozado y ampliación de aforos está acometiendo Tragsa desde hace cuatro años y que ya provocó un choque con la patronal cordobesa Construcor que derivó en un acuerdo para fomentar una mayor colaboración con las empresas locales.

Otro de los temas analizados fue la crisis de precios de los materiales y suministros con los que operan todas estas empresas, un aspecto que sigue preocupando y mucho en el seno del sector y para el que los empresarios piden una solución ya que, como explican, «las cifras de ocupación y empleo se han mantenido en Andalucía, a pesar de que la falta de profesionales cualificados» que sigue incidiendo sobre esta actividad.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, que dirige Marifrán Carazo, habilitó un mecanismo para impedir que la inflación paralizara infraestructuras clave en la comunidad autónoma, atendiendo a la demanda de las constructoras. Su reivindicación se plasmó en un decreto de medidas extraordinarias y urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos, aprobado por el Consejo de Gobierno el 12 de abril pasado.

El Gobierno central ha hecho llegar a la Junta sus discrepancias sobre tres artículos del decreto andaluz, que amplía el catálogo de materiales afectados por la volatilidad de los precios en un escenario marcado por la crisis de suministros y la guerra en Ucrania. Para evitar que estas diferencias desemboquen en un recurso de inconstitucionalidad ambas administraciones han creado de un mesa de negociación. A finales de año se alcanzó un acuerdo para no terminar en los tribunales.