Contrato de compraventa del Córdoba CF| Infinity asume un alto riesgo en su desembarco

Así se pone de manifiesto en una de las estipulaciones recogidas en el contrato de compraventa firmado el pasado 5 de diciembre entre las partes y al que ha tenido acceso ABC. Un documento (reproducido en estas páginas) que ya manifiesta de modo explícito el «riesgo y ventura» que asume Infinity , ya que se hace cargo de los activos productivos a cambio de 3 millones de euros sin haberse asegurado antes el beneplácito de la Federación , cuya oposición a la jugada ha sido reiterada. No sólo por los recursos presentados a las decisiones judiciales que avalan la compraventa, sino por los mensajes que ha venido lanzando -algunos muy duros sobre el titular del Juzgado de lo Mercantil-.

La incertidumbre que reina en torno a la posibilidad real de que el Córdoba CF pudiera seguir compitiendo, al menos, en Segunda B -un ascenso a Segunda agravaría aún más estas dudas- parece que ya se apreciaba en el documento de compra suscrito por Javier González Calvo , mandatado de los inversores bareinís.

La estipulación 9.2 del mismo es clarificadora al respecto. «La transmisión de la unidad productiva comportará la cesión automática al comprador [Unidad Futbolística Cordobesa] de todas las licencias y autorizaciones administativas necesarias para el desarrollo de la actividad, incluidos los derechos federativos por los que el Córdoba CF disputa en la actualidad el Campeonato Nacional de Liga de Segunda División B , así como cualesquiera otros relacionados con el resto de equipos del Córdoba CF».

Y prosigue el contrato: «A este respecto habrán de tomarse cuantas medidas resulten posibles para evitar cualquier incertidumbre que ponga en riesgo tales derechos , a cuyos efectos la vendedora [Córdoba CF SAD, ahora en manos de González] se compromete a prestar su colaboración con la compradora».

Lo que viene a testar este acuerdo suscrito también por el administrador concursal del Córdoba CF SAD , Francisco Estepa , es que UFC (Infinity) es consciente en todo momento de los bienes que compra y sus contingencias -la posibilidad de competir o no-; y ante unos derroteros negativos, nada puede reclamar.

Si trasladamos la transacción a un ejemplo más llano sería así. Una sociedad se hace con el traspaso de un bar comprando la licencia al dueño, pero el nuevo propietario no le va a comunicar a Urbanismo el cambio de titularidad hasta dentro de unos meses. Para el organismo municipal sigue constando el anterior como el responsable del mismo pese a que lo regenta la nueva sociedad.

Unión Futbolística Cordobesa aún no ha comunicado oficialmente a la Federación que es la dueña de los derechos federativos (también del personal deportivo, aunque no lo subrogará hasta que no cese esta transición de seis meses). De ahí que como avanzó el otro día este periódico, el ente federativo no entre a valorar si dará o no el consentimiento aludiendo a que no ha recibido petición alguna al respecto. Parece un juego simple, pero no lo es. UFC ostenta los derechos federativos pero ha cedido su uso al Córdoba CF SAD, según el contrato, hasta que acabe la temporada.

El contrato, además, señala que los nuevos mandamasés del club pueden «romper» este periodo transitorio ahora mismo si lo desean. Trasladado al polémico escenario que se vive: si fueran capaces de cerrar un acuerdo con la organismo que preside Luis Rubiales para garantizarse competir donde le corresponda por méritos deportivos al Córdoba CF, la transición sería historia y la anterior sociedad seguiría por su carril concursal.

Hay otro elemento controvertido. La batalla planteada a Antonio Fuentes, el magistrado de lo Mercantil de Córdoba , tiene una incidencia directa sobre el efecto de esta «filigrana jurídica» por la que el Córdoba salvó el precipicio.

Antonio Fuentes está recusado por parte de la exconsejera y abogada Magdalena Entrenas. Reparo que fue admitido a trámite en la Audiencia Provincial y aún está por resolverse. Una medida que tardará aún en resolverse por la Audiencia de Córdoba y que ha frenado a su vez los diferentes recursos interpuestos tanto al permiso judicial sobre la apertura de nuevo concurso de acreedores sobre el Córdoba como a la autorización de la venta de la unidad productiva. La Federación llegó a recursar al togado cuando éste dio luz verde a la figura del conjunto de bienes y activos de funcionamiento, pero, finalmente, acabó retirándolo de manera significativa.

Esta tela de araña tiene un claro objetivo: echar por tierra la operación Infinity . De entrada, ha dejado más leña en el fuego y quién sabe cómo puede terminar. Una derivada que también está presente en el contrato de compraventa al que ha accedido ABC. En el punto décimo suscrito se aclara: « En el caso de que se revoque /n quedando sin efecto alguna o las dos resoluciones referidas en el Expositivo IX [auto del juez de 18 de noviembre de 2019 autorizando el nuevo concurso y auto del 26 dando salida a la solicitud de venta ], el presente contrato quedará sin efecto ni valor alguno , retornando la totalidad de los bienes, derechos y relaciones jurídicas que integran la unidad productiva la concursada [Córdoba CF SAD], generándose de manera simultánea un derecho de crédito a favor de la compradora por los importes efectivamente satisfechos]. A día de hoy ninguno de esos autos son firmes. Un giro copernicano como el que refleja el contrato tendría un beneficiado directo: Carlos González, actual presidente del Córdoba CF SAD -decisión que va a impugnar León - bajo la tutela de una administración judicial y concursal.

Sobre el contenido de la llamada «unidad productiva» también ha existido mucho debate. Hay que recordar que la práctica concursal hecha responde al patrón seguido hace unos años con Laboratorios Pérez Giménez . Su unidad productiva fue subastada y un grupo con sede en Suiza pero capital libio (Pharmex) se hizo con los laboratorios y los derechos de fabricación de medicamentos.

El contrato traza, no al milímetro, cuál es el perímetro de esa unidad de activos que permiten el funcionamiento del Córdoba. El primer elemento, los citados derechos federativos y el personal deportivo y laboral por los que 22 equipos del CCFSAD compiten. Después, el derecho de posesión «en precario administrativo» sobre el estadio municipal Nuevo Arcángel , los llamados «elementos incorporales titularidad del club por lo que el mismo resulta reconocible en el ámbito deportivo». Esto es, el nombre, el escudo, los colores de su elástica, la marca comercial... «Cualquier otro bien o derecho, que resulte necesario para el desempeño de ls actividades propias del CCFSAD».

También se incluyen todas las relaciones laborales que vinculan a la fecha la SAD Córdoba CF. Y el pago de deudas como las que reclama el presidente del Lugo (250.000 euros) y que pueden bloquear los nuevos fichajes, aunque se está negociando su abono.

Fuera de este ámbito quedarían dos elementos importantes en la crítica situación legada por Jesús León . Por un lado los derechos pendientes de la Liga por descenso o televisivos y otros créditos, que se elevan a 3,7 millones, pero que están trabados por embargos cuyo valor suma 5,8 millones. Por otro, la «tesorería, inversiones financieras, existencias, depósitos, deudores comerciales y otras cuentas a cobrar».