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Tribunales Córdoba CF SAD

La Fiscalía pide dos años y seis meses de prisión a Jesús León y su esposa

Están acusados de un posible delito de frustración de la ejecución que investiga el Juzgado de Instrucción 6

Reclaman 5,3 millones y 15 años de inhabilitación a Jesús León tras calificar culpable el concurso del club

El expresidente del Córdoba CF Jesús León, a la izquierda, sale de la Ciudad de la Justicia Álvaro Carmona

J. Gómez/P. García-Baquero

El Ministerio Fiscal ha solicitado una pena de prisión de dos años y seis meses al expresidente del Córdoba CF SAD Jesús León y a la expresidenta de la Fundación del club blanquiverde y esposa del empresario de Montoro, Isabel Madueño . La Fiscalía ‘acusa’ a los dos por la posible comisión de un delito de frustración de la ejecución (alzamiento de bienes) que recoge el artículo 257 del Código Penal, según ha podido constatar ABC de fuentes judiciales y del querellante.

La causa, a pesar de que ha tenido escasa transcendencia pública hasta este momento, lo cierto es que está muy avanzada. De hecho, es el caso penal que tiene una tramitación más elaborada. El juzgado, de hecho, ya ha dictado apertura del juicio oral hace meses.

Por este motivo, la Fiscalía también ha tramitado el escrito de calificación de las conductas investigadas en la fase de instrucción. Ese escrito solicita una pena de prisión de dos años y medio para Jesús León y otra de otros dos años y medio para Isabel Madueño por un supuesto delito de frustración de la ejecución , según han confirmado a ABC Córdoba fuentes judiciales.

Mesas Sports —empresa del que fuera director general del Córdoba y consejero del club blanquiverde durante la segunda mitad del mandato de Jesús León en la entidad cordobesista, Alfredo García Amado— es parte en el proceso penal como acusación particular en la causa. En este caso, el bufete de abogados que asesora al dirigente asturiano solicita «una pena de cuatro años de prisión» para cada uno de los encausados, León y Madueño .

Préstamo

El caso comenzó, según el querellante, por un préstamo que realizó Mesas Sports . En esa operación el prestamista era esta empresa de García Amado , el exdirector general del Córdoba. El asturiano es administrador solidario de ella junto a dos empresarios más. Esta sociedad participada por el gijonés prestó medio millón , según un documento privado, a una de las empresas de León: Grucal Properties .

De hecho, tanto esa sociedad como Grucal Infraestructuras y el propio Jesús León, a título personal , aparecen como avalistas de esa operación de préstamo. El plazo para devolver el dinero financiado cumplió el 30 junio de 2019 , según el contrato de las partes. León nunca devolvió el dinero ni por la empresa prestataria ni por las avalistas, según reclamó Mesas Sport SL judicialmente .

Como consecuencia del impago de ese préstamo, Mesas Sport SL «tuvo que denunciar a Jesús León y a su esposa (Isabel Madueño)», según relatan a ABC fuentes del querellante, por el hecho de «prestarle dinero y jamás devolvérselo». Desde Mesas Sport entendieron que León y su esposa se «situaron en una posición de insolvencia punible».

Tras la reclamación judicial, el Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba inició las diligencias previas, tomó declaración a las partes y dictó auto de apertura del juicio oral . Tras él, el Ministerio Fiscal ya ha emitido su escrito de calificación en el que piden a Jesús León e Isabel Madueño dos años y medio de prisión por un posible delito de frustración de la ejecución del artículo 257 del Código Penal.

El Juzgado de Instrucción 5 de Córdoba también tiene sobre la mesa las diligencias previas del caso León en el Córdoba CF SAD por el que se le investiga como imputado por la posible comisión de cuatro delitos : apropiación indebida, administración desleal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.

Además, ABC desveló este miércoles también la pieza de calificación culpable del concurso de acreedores del Córdoba CF SAD en la que el administrador concursal propone una reclamación al expresidente del club blanquiverde de 5,3 millones de euros como indemnización por daños y perjuicios y también una inhabilitación para administrar bienes ajenos o representar a cualquier persona durante 15 años. Un informe que ha levantado muchas reacciones de las partes afectadas .

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