TRIBUNALES
La Fiscalía investiga la falta de medios en el Servicio de Protección de Menores de Córdoba
El Ministerio Público estudia este asunto donde los trabajadores exponenen el grave riesgo en el que se encuentran unos 160 menores en la provincia
Trabajadores de los centros de Protección denuncian en Córdoba que hay 135 expedientes de menores a la espera
La Fiscalía de Córdoba estudia el escrito del que ha dado traslado el Servicio de Protección a la Fiscalía de Menores a través de la Junta de Personal de esta Adminsitración Pública por el que denuncia «la falta de equipos psicosociales lo que pone en riesgo a 160 niños que se encuentran en situaciones graves sin que hayan podido intervenir«.
Fuentes del Ministerio Público han señalado a ABC que «van a abordar la situación después de estudiar el caso a fondo por parte de la Fiscalía de Menores». Este mismo escrito ya en manos de la Fiscalía ha sido remitido como queja al Defensor del Pueblo Andaluz, en concreto a la Defensoría de Infancia y Adolescencia de Andalucía que ya lo ha recibido.
Los trabajadores del Servicio de Protección de Menores de la Junta de Andalucía en Córdoba se concentrarán este viernes por tercera semana consecutiva ante la sede de dicho servicio en protesta por la «falta de medios y de personal suficiente para la atención a los niños víctimas de maltrato».
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Estos trabajadores han denunciado que «en la actualidad, hay más de 160 menores cuyo caso se ha catalogado como maltrato grave y que siguen expuestos a esta situación« porque en dicho servicio no cuentan »con medios suficientes para adoptar medidas para su protección.
El coordinador de los Equipos de Menores en Córdoba, José León, ha denunciado la insostenibilidad de este servicio, que cuenta de los cuatro equipos que tendría que haber, dotados cada uno con un trabajador social y un psicólogo, y sin embargo sólo hay dos equipos y con un trabajador solo cada uno. A juicio de León faltan por cubrir plazas, al menos, «teniendo en cuenta una Relación de Puestos de Trabajo del año 2000 que está obsoleta, con tres psicológos más y dos trabajadores sociales en estos equipos».
En la actualidad, a pesar de informar la Delegación de Inclusión Social de la próxima cobertura de tres plazas en interinidad en los equipos psicosociales, para paliar esta grave situación, (dos trabajadores sociales y un psicólogo) aún no han llegado, ha explicado León.
En esta línea, y debido a que se trata de una situación que se ha mantenido en el tiempo, desde este Servicio de Protección precisan para dar respuesta a los menores en situación de riesgo grave, una mayor dotación de personal que la indicada, refuerzos para sacar adelante el atasco, además de puestos que ofrezcan una mayor estabilidad a largo plazo.
La delegada territorial de Inclusión Social, Juventud y Familias, Dolores Sánchez, ha solicitado a este servicio informes que a su vez ha remitido a Dirección General y a la Administración Pública lo que ha permitido que lo se apruebe la incorporación de dos trabajadores sociales y una psicóloga, que aún no han tomado posesión, según estas mismas fuentes.
El dar traslado a la Fiscalía de la situación de riesgo para estos niños lo justifica León porque «hay que tomar cartas en el asunto, porque si ocurre algo más grave a alguno de estos niños -que ya se encuentran declarados en desamparo y hay que actuar con ellos y con sus familias ¿de quién es la culpa?«.
El problema de la falta de personal y de la inestabilidad laboral debido al elevado grado de estrés que soportan estos equipos de protección con temas tan sensibles como son menores en grave situación de riesgo se arrastra desde el año 2017 cuando la Junta con el Gobierno de Susana Díaz ya tuvo que poner equipos de refuerzo para alivar la situación aunque poco a poco los interinos se fueron y volvió a engordarse esa lista de espera.
Detrás de cada uno de esos 160 menores hay un drama, situaciones de extrema complejidad, que viven en esos entornos familiares pero con un informe de desamparo de Servicios Sociales del Ayuntamiento o de la Junta que evalúan los casos.
Mayor detección de casos
Con ocho profesionales que había en estos equipos sociales en año 2000, el sistema «funcionaba bien porque no llegaban tantos casos como ahora«, aseguran desde este Servicio de Protección. Entonces, cuatro equipo de menores antes atendían 40 casos ahora tienen el doble, unos 80, y sólo con dos trabajadores de esos ocho que había hace 22 años.
«Es cierto que ha mejorado mucho el sistema de detección de estos menores en situación de riesgo, tanto porque se han habilitado desde teléfonos de maltrato, al 112 o los protocolos en hospitales o en el propio centro escolar que denuncia posibles casos pero las medidas de protección tras el desamparo y trabajo que se debe llevar a cabo con las familia para intentar la integración de estos menores en sus familias están muy mermados«, ha señalado el coordinador de estos equipos de Protección de Menores.
«Los casos urgentísimos si han maltratado a un niño y están en el hospital, es situación de vida o muerte pues entramos a cualquier hora, aunque sea levantar a las 5 de la mañana, pero hay muchos casos de desamparo provisional, tenemos lista de espera incluso retirar niños a sus familias y todos son graves«, ha puesto de manifiesto León .
El protocolo que se sigue desde este Servicio es cuando se detecta una de estas situaciones con menores es «iniciar un procedimiento y tenemos tres meses para resolverlo pero claramente aquí se supera ese tiempo«, ha explicado el coordinador de estos equipos.
Lidiar con estos expedientes ha causado incluso bajas psicológicas en el perosnal que conforma estos equipos psicosociales y que provoca, en muchas ocasiones, que los funcionarios soliciten el cambio a otros destinos, han señalado estas mismas fuentes.
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