TRIBUNALES
El impacto de la sentencia que anula la recogida neumática de residuos en Córdoba será millonario
coste
El sistema de tuberías para recoger la basura costó 20 millones y el Consistorio tendría que asumir la responsabilidad patrimonial si la sentencia es firme
El TSJA anula el plan especial de recogida neumática de basuras de Córdoba
Los vecinos de Poniente de Córdoba han enterrado millones en un sistema de basuras que no funciona
El fiasco urbanístico y la sangría económica para los propietarios y las juntas de compensación por la instalación del sistema de recogida neumática de residuos en las nuevas zonas expansión de la ciudad en los últimos años va camino de convertirse en un grave problema jurídico para el Ayuntamiento de Córdoba, después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anula el Plan Especial, como adelantó ABC en exclusiva, que autorizó la imposición de esta infraestructura que nunca se ha podido usar en más de una década de vida.
Sólo el coste de la infraestructura de los edificios y bajo el suelo de la ciudad, sin las centrales de recogida, ha rondado los «20 millones de euros», aseguran a este periódico desde el bufete de abogados que ha llevado el caso. El tema de la recogida neumática de basura, probablemente, pueda acabar siendo también un tremendo dolor de cabeza para las arcas municipales si, finalmente, el Ayuntamiento de Córdoba tiene que hacer frente a una posible responsabilidad patrimonial por haber obligado a los ciudadanos que compraron sus viviendas y a los constructores que urbanizaron estas zonas a pagar el coste de unas instalaciones para la recogida de basura que todavía están sin uso por la falta de centrales para recibir los restos. Curiosamente, éste era el único trámite de responsabilidad pública para completar el círculo de este moderno sistema de recogida de residuos.
El bufete Cecilio Valverde y Asociados ha sido el responsable de litigar con el Consistorio cordobés, una batalla jurídica que comenzó cuando en Capitulares estaba en manos del cogobierno de PSOE e IU. Ha defendido los intereses de los vecinos de Turruñuelos que se negaron a que una de las centrales de residuos se construyese bajo el suelo de una futura zona verde. De forma indirecta también ha pugnado por los intereses de las juntas de compensación de estas zonas urbanizadas y de los particulares, en última instancia, que han tenido que asumir un coste extra en sus viviendas por esta infraestructura que ahora ha tumbado el TSJA al declarar la nulidad del Plan Especial que dio lugar a la ejecución de estos proyectos. El motivo del tribunal ha sido que para permitir un cambio de uso de este tipo en una zona destinada a jardines era necesario modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Un simple Plan Especial no es válido. La nulidad puede tener graves consecuencias.
Reacciones
El abogado Cecilio Valverde, en declaraciones a ABC, las analiza. ¿Y ahora qué? La pregunta tiene una respuesta básica. Lo fundamental en este momento es conocer la posición que tomará el Ayuntamiento de Córdoba tras la resolución judicial del máximo órgano judicial andaluz. «Lo primero que hay que ver es si el Ayuntamiento recurre la sentencia en casación o no y si este caso entra en los supuestos que permiten casación», asegura. Además, reconoce que la posición y la decisión del Consistorio respecto a recurrir, lo que daría firmeza o no a la resolución, puede tener «además de ese perfil jurídico un matiz político», ya que las instrucciones que ahora ha tumbado el TSJA fueron decisiones tomadas por otro gobierno municipal, con el teniente alcalde Pedro García (IU) al frente de Urbanismo.
En este sentido, Valverde apunta que hay dos grandes perjudicados en este caso por lo que ahora mismo «es la construcción de una infraestructura» urbana, la recogida neumática de basuras, «sin soporte jurídico» para ello. Para el jurista que ha defendido el caso durante cinco largos años de trabajo, los damnificados son «las juntas de compensación» que fueron obligadas «a pagar esta infraestructura» y también los «particulares» que compraron viviendas con estas canalizaciones, a los que añade un grupo muy especial, ya que «hay propietarios a los que se le ha exigido el pago adicional sobre su vivienda para hacer los cuartos donde se debe recoger la basura neumática, después de que la Gerencia les exigiera los mismos» para otorgar las licencias de ocupación.
Desde el bufete de Cecilio Valverde y Asociados destacan que si la sentencia toma firmeza por la decisión del Ayuntamiento de no recurrir ante el Tribunal Supremo será el momento de «estudiar si cabe exigir responsabilidad patrimonial» al Consistorio por exigir la construcción de una infraestructura «con un Plan Especial nulo» y, en consecuencia, sin apoyo legal para haberlos obligado a ello. En este sentido, Valverde apunta que el cálculo de la ejecución de la infraestructura de recogida neumática de basuras en las zonas de expansión de Córdoba ha tenido un valor aproximado de «20 millones de euros«, a razón de »tres o cuatro millones de euros por cada junta de compensación«.
Las zonas afectadas
La recogida neumática de basura, instalada pero sin utilizar desde hace más de diez años en algunos edificios de la ciudad, se ha exigido y colocado en cinco planes parciales diferentes de la capital: el O-1, que está situado en la parte baja de La Arruzafa o Arruzafilla; el O-5, que se encuentra en la zona cercana al Hipercor, la Ronda Oeste y el camino de Turruñuelos; el O-7, que abarca el barrio de Nuevo Poniente o zona de prolongación del Zoco; así como los planes de sectorización de Huerta de Santa Isabel (O-3 y O-4), con el primero ya ejecutándose y avanzado y el segundo en los primeros compases.
Entre tres y cuatro millones de euros por plan urbanizado que sitúa el posible impacto millonario del fiasco en la recogida neumática de residuos en 20 millones de euros, en su franja más alta. Además, esta infraestructura sin usar ha tenido un sobrecoste para decenas de miles de cordobeses por la repercusión de su valor desde los promotores a los propietarios finales en el precio de las viviendas.
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