Un informe de APDHA de Córdoba alerta del riesgo de un nuevo «colapso» en los servicios sociales

Un estudio de la delegación en Córdoba de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) señala la «debilidad estructural» del sistema de protección social en la provincia y que «se ha puesto de manifiesto en períodos de crisis, como la vivida durante la pandemia» del coronavirus.

Así lo destacó este jueves el delegado provincial de Apdha en Córdoba, Carlos Arce, en la presentación del informe 'Amurallamiento de los recursos sociales de la provincia de Córdoba por la pandemia del Covid-19', que ha contado con el apoyo del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de la Diputación de Córdoba y se ha desarrollado a lo largo de los años 2021 y 2022.

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Para ello se han llevado a cabo sendos trabajos de campo, en los que han participado 25 entidades públicas y privadas que prestan servicios sociales en la provincia, y más de 250 personas usuarias de los mismos en la capital y en diez municipios de menos de 20.000 habitantes.

Una de las conclusiones del estudio es que, «o se produce una apuesta real de revertir el deterioro de los servicios públicos básicos, dotándoles de unos recursos humanos y financieros adecuados y redefiniendo sus objetivos y prioridades, o su nuevo colapso ante la próxima situación de estrés social está servido».

Además, la investigación corrobora de nuevo que «los sectores sociales más vulnerables sufren con mucha más gravedad las consecuencias de cualquier situación de dificultad que atreviese la sociedad en general».

Por ejemplo, el 87 por ciento de las entidades señala el empeoramiento de las condiciones de las personas cuya principal fuente de ingresos es la economía sumergida. También consideran de manera mayoritaria que las personas sin hogar se han visto desamparadas o atendidas de forma ineficiente durante la pandemia (65 por ciento).

Por ello, a Apdha Córdoba le parece «imprescindible que la promoción e inclusión de los colectivos en situación de exclusión grave debe situarse a la cabeza de las prioridades de las políticas sociales públicas».

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Otra de las conclusiones del estudio se refiere a que la digitalización acelerada, incrementada en el contexto de la crisis sanitaria, y que consolida la «brecha digital, como una relevante barrera para el ejercicio normalizado de derechos en las personas en situación de exclusión». Esta oenegé pide «medidas de inclusión digital y dejar abiertos los canales analógicos».

Por último, en lo que se refiere a las dificultades económicas vinculadas a la pandemia, sobresalen la pérdida del empleo y los problemas relacionados con las prestaciones sociales, que afectan a un 75 por ciento de los encuestados.