¿Problemas con los morosos en la comunidad de vecinos? Una 'start up' cordobesa te lo arregla

El impago de la cuota mensual es uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las comunidades de propietarios. Genera no sólo agujeros en la contabilidad común, sino también problemas de convivencia y dificultades para afrontar reformas que en no pocas ocasiones son muy necesarias en un bloque de viviendas.

La solución no es fácil puesto que por lo general se trata de pequeñas cantidades que no tiene sentido reclamar ante los tribunales. Abogados, procuradores, costas y otros menesteres hacen de la Administración de Justicia un camino poco recomendable. Pero hay más opciones.

Una de ellas es RedClaimer, una 'startup' (empresa de nueva creación, con gran crecimiento y por lo general de base tecnológica) que tiene su origen en un despacho de abogados de Córdoba. Sin embargo, los creadores de la firma optaron por enfrentar estos problemas desde otra perspectiva alejada de las togas y los tribunales, más sencilla y asequible para quienes quieren reclamar una deuda.

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RedClaimer es, como explica Mercedes Pires, responsable de Marketing, «una herramienta online en la que automatizamos la reclamación de deudas». El cobrador introduce los datos de la deuda y los morosos en la aplicación y RedClaimer se encarga de realizar las notificaciones y la reclamación correspondiente.

Por lo general, explica Pires así como la propia página web, se consigue un acuerdo extrajudicial en el 70 por ciento de los casos, pero si es necesario en esta empresa cordobesa también pueden realizar los trámites ante un tribunal si ese es el único camino. Además, ofrecen un precio cerrado en lugar de una comisión (que suele ser un porcentaje de lo obtenido en un juicio), de modo que los clientes no se llevan ningún susto y pueden determinar si compensa la contratación de sus servicios. Y el dinero cobrado nunca pasa por las cuentas de RedClaimer sino que va directamente a la de los clientes, sin más intermediarios.

RedClaimer sólo lleva un par de años en el mercado pero ya ha logrado captar la atención de inversores externos, que suelen fijar su mirada en las 'startups' prometedores a cambio de una participación en su beneficios posteriores. Según ha indicado la compañía en una nota de prensa, «esta ronda de inversión va a permitir acelerar el crecimiento de la empresa y su continua expansión por todo el territorio español».

La empresa no ha querido aclarar a cuánto asciende la cantidad alcanzada en la ronda de inversores externos, pero sí asegura que han superado ya tres fases consecutivas. Se conocen sus tarifas: 19,90 por una factura genérica sin intervención de abogados; 49,90 para preparar un juicio monitorio (procedimiento rápido y sencillo para cobrar deudas vencidas y demostrables); y «desde 194 euros» si los letrados tienen que acudir al tribunal y presentar alegaciones. A todas las cantidades hay que añadirles el IVA.

José Antonio Caballero, CEO de la compañía «cien por cien cordobesa», explica que todo funciona con solo los tres socios de la empresa y la responsable de Marketing, ya que casi todo el trabajo está automatizado gracias a las nuevas tecnologías.

Las comunicaciones a los deudores, apunta Caballero, se realizan de tres formas distintas, todas automáticas. Primero un correo electrónico certificado que tiene validez jurídica; en segundo lugar llamadas de teléfono (desde una centralita también automática); y finalmente SMS certificados. Todo el proceso dura apenas una semana, sostiene el CEO de RedClaimer.

No hay ningún problema, sostiene Caballero, con los datos personales de los morosos, que obviamente tendrá que entregar el acreedor. «A cualquier persona a la que le deban dinero le asiste el derecho a reclamar a ese deuda. Se puede hacer a través de abogados, empresas de recobro o plataformas de nuevas tecnologías. Eso no se consideran datos personales», explica el empresario.

La intención de estos emprendedores es conseguir en los próximos meses recuperar seis millones de euros entre morosos de todo el país. Una cifra pequeña frente a los 2.000 millones que, asegura la compañía citando al Colegio General de Administradores de Fincas, se deben a las comunidades de vecinos en todo el país, pero prometedora para el arranque de esta 'startup' cordobesa.