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Basuras

Colocar un quinto contenedor en Córdoba costaría 16,5 millones de euros

Sadeco se opone a la instrucción del Gobierno y detalla que tal adaptación costaría 12 millones en cubos, vehículos y adecuar la planta, más 4,5 por año de gasto corriente

Córdoba, capital andaluza que más y mejor recicla sus residuos domésticos al recuperar el 53% de la basura

Las cuatro clases de contenedores que hay en Córdoba Valerio Merino

Javier Gómez

Córdoba

Hay una norma externa a la ciudad que puede condicionar el futuro de la recogida de basura en Córdoba y su impacto en las arcas del Ayuntamiento, y también en el bolsillo de los cordobeses -amén de la insólita situación que creó el cogobierno de PSOE-IU con la obligación de instalar la recogida neumática de residuos, que no está en uso más de una década después-.

Es la Directiva Europea que, en una retorcida interpretación del Gobierno de España, quiere obligar a la capital cordobesa a implantar un modelo de reciclaje de los desperdicios que le llevaría a colocar un quinto contenedor en las calles de la ciudad.

El impacto económico global de estas normas sobre el gasto en la gestión de residuos del Ayuntamiento de Córdoba y su posible repercusión en la factura que pagan los cordobeses es tremendo. Sólo el primer año tendría un coste superior a los 16,5 millones.

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba SA (Sadeco) es la responsable de la gestión de los desechos en la capital y principal responsable de sortear este posible varapalo a sus cuentas. El gerente de Sadeco, Francisco Ruiz, explica a ABC el origen de la norma que podría provocar que Córdoba tenga que poner un quinto contenedor en las calles. Se trata de una Directiva de la Unión Europea (UE) que obliga a «separar la materia orgánica del resto de los residuos».

Como consecuencia de ella, el Gobierno de España ha emitido una norma y notas aclaratorias sobre la misma que podrían obligar a Córdoba a tener que asumir implantar un quinto contenedor.

Lógicamente, Sadeco se opone a esta posición. Y lo hace, como explica Ruiz a este periódico, desde los argumentos legales y también desde el punto de vista medio ambiental. En primer lugar, el gerente de Sadeco defiende que la nota que emitió el Gobierno a finales de enero «no es vinculante», por lo que, de momento, no hay obligación de cumplir aún.

En segundo lugar, también defiende la posición cordobesa desde el modelo de gestión de residuos seco-húmedo, porque «lo que pide la UE y el Gobierno de España», que es separar la basura orgánica del resto, «nosotros ya lo hacemos desde hace 25 años».

De hecho, desvela y alaba que «nuestro modelo es un referente en España, e incluso recibimos muchas peticiones de otras ciudades para aclarar cómo lo hacemos y cómo lo explicamos a los ciudadanos».

Cómo explica Ruiz, Córdoba ya cumple con lo que ahora le pide la UE y el Ministerio de Transición Ecológica. «Para nosotros no implicaría instalar el quinto contenedor para la orgánica, que ya lo tenemos, sino para dividir todo lo que va ahora en el amarillo».

En este sentido, aporta que «en el amarillo actual sólo irían plásticos blandos como botellas de refrescos, gel o suavizante», pero había que instalar otro para «lo demás que ahora también va en él: Tetra Brick, resto de cerámica...».

Sadeco ya tiene calculado el coste que implicaría poner otro contenedor en las aceras para subdividir los restos que ahora van juntos al cubo amarillo. La inversión inicial para contenedores, más vehículos para recogerlos y también la adaptación de la planta de reciclaje costaría «12,5 millones de euros», afirma Ruiz. A ello habría que añadir «otros 4,5 millones cada año por gasto corriente» en el personal y más material.

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