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Agricultura

Los agricultores de Córdoba exigen la activación inmediata del almacenamiento de aceite

La medida tendría como efecto paliar la caída del precio, pero se encuentra con la oposición de Italia

Córdoba Actualizado: Guardar
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Suele ocurrir que cuando se produce una crisis de precios en el sector del aceite de oliva, se abra el debate sobre la conveniencia o no de que se active el almacenamiento privado de este producto como vía para cambiar la tendencia a la baja de las cotizaciones. Las mayores defensoras de la aplicación de esta medida suelen ser las organizaciones agrarias, debido a que en la mayoría de los casos lo que cobra el agricultor por su cultivo no cubre ni siquiera sus costes.

En este punto resulta adecuado recordar las claves del almacenamiento privado de aceite de oliva. El presidente de Asaja en Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, señaló a ABC que esta herramienta fue puesta en marcha por la Unión Europea (UE) en 1998. Con ello, se establecía un umbral de precio de este producto por debajo del cual se activan una serie de ayudas para los productores, que se colocaron en tres céntimos por kilo, como compensación por la retirada de sus existencias del mercado.

Ese valor mínimo se aprobó hace dos décadas en 1,77 euros por kilo en el caso del virgen extra y en 1,71 en lo que respecta al virgen. En este aspecto radica la mayor parte de las reivindicaciones de las organizaciones profesionales al considerar que esas cifras están desfasadas. Así lo cree Fernández de Mesa, quien afirmó que, si aplicara el Índice Precios de Consumo (IPC), el nivel básico del AOVE debería aumentar hasta los 2,75 euros, un 55 por ciento más. Asimismo, resaltó que el Consejo Oleícola Internacional (COI) situó el coste medio de una explotación a partir del cual es rentable en esa misma cifra. «A día de hoy el precio del aceite está por debajo», subrayó.

El dirigente agrario recordó que este instrumento nació con el fin de dar a cobertura a los olivareros en momentos en los que las cotizaciones estuvieran más bajas de lo normal, algo que, a su juicio, se está produciendo actualmente. Uno de los principales problemas para su activación es que su puesta en marcha tiene que ser refrendada por todos los países que son miembro de la UE. En este caso, Italia, cuyo precio medio se sitúa en torno a los seis euros, se opone al almacenamiento porque «no les interesa que haya una retención del producto en el mercado», aseveró Fernández de Mesa, quien agregó que «es una pena que las instituciones comunitarias miren para otro lado en este asunto porque, si no se aplican medidas como ésta, vamos camino de repetir la situación de 2012», que fue la última vez que se activó esta herramienta con valores que estuvieron por debajo, incluso, de los 1,77 euros.