Entrenamiento del Villanueva en el campo Enrique Puga de Córdoba
Entrenamiento del Villanueva en el campo Enrique Puga de Córdoba - Rafael Carmona
CON LOS CLUBES

El Ayuntamiento de Córdoba mantiene 18 instalaciones deportivas sin contrato durante años

Un informe del secretario del Pleno advierte de las consecuencias penales de la situación irregular

CórdobaActualizado:

Los campos de fútbol del Ayuntamiento de Córdoba se abren todos los días y los gestionan los clubes que trabajan en ellos, pero están en una situación irregular. Esta es la conclusión del informe que ha realizado el secretario general del Pleno, Valeriano Lavela, que asegura que los 16 campos de fútbol y dos pistas de petanca están gestionados «a través de convenios administrativos excluidos de la legislación de contratos del sector público». Dos de ellos se cedieron, además, por concesión administrativa.

Y no sólo eso, sino que todos estos convenios o concesiones están extinguidos y desde hace bastante tiempo: desde los 21 meses hasta los 189. Es decir, más de quince años. Es el caso del campo de fútbol Enrique Puga, que se levanta junto al centro comercial El Arcángel, según explicó el concejal del PP José Luis Moreno, que pidió el informe sobre la situación de estas instalaciones.

El texto del secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba insiste en que todas estas instalaciones están «en precario», y en una situación «simplemente tolerada», que se podría resolver con apenas un preaviso de diez días por parte del Ayuntamiento. Ya ha tenido consecuencias: la Intervención del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco) ha hecho reparos suspensivos para el pago de gastos que habían presentado los clubes que gestionan las instalaciones.

El informe de que el campo Enrique Puga lleva casi 16 años en precario

Valeriano Lavela insiste en que no debería prolongarse en el tiempo y en que el Ayuntamiento tendría que efectuar contratos válidos. No deja de anotar las consecuencias, en las que insistió el concejal popular José Luis Moreno: los problemas podrían causar responsabilidades patrimoniales, contables, civiles y sobre todo penales a los miembros del Gobierno municipal de Córdoba y del Imdeco, si se probase que los problemas son causa de la «pasividad o inactividad administrativa».