Un agente de la Guardia Civil con la alcaldesa de Peñarroya María Luisa Ruiz durante su detención
Un agente de la Guardia Civil con la alcaldesa de Peñarroya María Luisa Ruiz durante su detención - ARCHIVO
APUNTES AL MARGEN

El cachondeo de la Rocket

Parte de la demora se debe a la negativa de la Junta a mandar personal para escanear unos 15.000 folios

Córdoba Actualizado: Guardar
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Dejó dicho Pedro Pacheco, antes de su propio enchiqueramiento, que la justicia es un cachondeo, en aquella ocasión porque el juzgado no le dejaba derribar un chalé realizado sin permiso por Bertín Osborne que, cosas de la vida, ahora se dedica a recibir a famosos en su casa para un popular programa de la tele. La frase viene al pelo tras haberse conocido esta semana que el caso Rocket afronta su séptimo juez de instrucción y su sexto año de tramitación desde que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil realizó la actuación más relevante contra la corrupción de la que se tiene noticia en la provincia de Córdoba.

A primera hora de la mañana del 22 de octubre de 2013, un numeroso grupo de agentes detuvo a la entonces alcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, que era todo un personaje dentro del partido al sentarse, entre otros foros, en la ejecutiva del PSOE andaluz. Efectuó registros en varios edificios y comunicó una docena de imputaciones entre representantes públicos y empresarios que habían sido gestores o beneficiarios del plan de ayudas a la recuperación de zonas sin actividad minera, el Miner.

La exalcaldesa Ruiz volvió a la actividad pública con un partido local cuando el PSOE le dio la espalda -tras una ardorosa defensa inicial- y el sumario ha ido perdiéndose de forma indecorosa en los vericuetos de la más estricta burocracia. El último juez titular de Peñarroya, Ramón Artacho, acaba de conseguir un traslado. Es el sexto magistrado que ha trabajado en una instrucción que lleva gafada desde el principio. El concurso de traslados previsto para cubrir esta plaza tardará unos seis meses cuando el caso Rocket estaba listo ya para una fase clave: cerrar la instrucción, depurar el número de investigados y establecer qué hechos pudieran ser materia penal (en el caso de que las pruebas fuesen lo suficientemente sólidas).

Tal es lo disparatado del asunto que el principal problema sufrido por la instrucción del sumario Rocket es que no hubo personal durante una buena parte del procedimiento para escanear folios. La causa había llegado a acumular 15.000 legajos en sus respectivas carpetas. El juzgado realizó una y otra vez peticiones a la Junta de Andalucía, que tiene cedidas las funciones sobre administración de personal, para que enviase personal de apoyo que ayudase a los funcionarios con plaza en el juzgado a atender los asuntos diarios y, a la vez, dar un empujón a la instrucción.

La Junta tardó muchos meses en dar respuesta. Como nadie parece acordarse, la Guardia Civil puso el foco sobre proyectos valorados en doce millones y medio de euros de fondos públicos. Una pasta, sí. Algunos de los convenios que se encuentran bajo el examen judicial datan de 2010. Es decir, cuando la causa llegue a vista oral -si alguna vez pasa- habrá pasado más de una década desde que los hechos tuvieron lugar hasta que se produzca una revisión certera de su legalidad.

Rocket es un ejemplo concreto de los males del Poder Judicial, de la ausencia de infraestructura para investigar casos complejos -y los de corrupción lo son cada vez más- en juzgados pequeños, de la abierta indiferencia de los partidos políticos ante una realidad que, llegado el caso, les beneficia. Sucede que ni siquiera tanto tiempo después una sentencia condenatoria sería justa. La aplicación de la ley no solo se basa en una cuestión normativa. También ha de ser moral, de autoridad. Y tener un procedimiento judicial abierto durante tantos años, y con fallas tan evidentes, revela lo peor de lo peor del sistema.