Juan Moreno, Carmen Calvo y Juan José Asenjo, tras la firma del convenio para la restauración del crucero
Juan Moreno, Carmen Calvo y Juan José Asenjo, tras la firma del convenio para la restauración del crucero - V. Merino
Patrimonio

Carmen Calvo firmó acuerdos sobre la base de la propiedad eclesiástica de la Mezquita de Córdoba

La actual vicepresidenta gestionó las actuaciones en Andalucía del Plan Nacional de Catedrales

CórdobaActualizado:

La actual vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya reconoció de facto la propiedad eclesiástica de la Mezquita-Catedral al hilo de la polémica por la subasta de unas vigas que se produjo en 2006, a poco de la inmatriculación. Pero ese caso no es el único por el que se puede poner en duda la trayectoria política de quien también fuera consejera de Cultura. Y la clave se encuentra en la gestión que realizó del Plan Nacional de Catedrales. Dicho documento se redactó en origen por la entonces ministra de Educación y Cultura, Esperanza Aguirre. El diseño era complejo: el Gobierno, las comunidades autónomas y la Conferencia Episcopal decidieron diseñar un plan para invertir en los templos catedralicios.

El origen  fue un acuerdo entre el Gobierno de Aznar con la Conferencia Episcopal que se basaba en el principio de que el Estado «reconoce los derechos de los bienes eclesiásticos conforme a los títulos jurídicos» cuando la Mezquita-Catedral ni siquiera estaba inmatriculada, a finales de los noventa. La Junta de Andalucía nunca puso un pero a participar en el acuerdo. En 1998, Esperanza Aguirre y Carmen Calvo firmaron el acuerdo entre el Ejecutivo y la Junta con el objetivo de invertir en trece templos andaluces. Entre ellos, la Catedral de la Asunción de Nuestra Señora, que es el nombre católico de la Mezquita-Catedral.

Gracias a ese acuerdo, por ejemplo, se redactó el plan director del que ahora tanto se duda y se programaron las actuaciones en la nave sur, las cubiertas y el tratamiento contra termitas con 98 millones de pesetas de presupuesto. Un dato a tener en cuenta es que los obispos andaluces y la entonces consejera de Cultura llegaron a formar un frente común. La consejera y el entonces obispo de Guadix, Juan García-Santacruz, remitieron una carta conjunta al Ejecutivo para que las catedrales andaluzas estuvieran en aquel plan financiero. Pocos años después, Calvo y el obispo Asenjo, que era el responsable del patrimonio cultural de la Iglesia, llegaron al acuerdo de la bola extra: la rehabilitación de San Agustín. Eran otros tiempos. La Junta cortejaba al prelado como un fino negociador, la persona clave para forjar el Pacto de Santa Lucía que sacó a Miguel Castillejo de Cajasur.

En pie de igualdad

Una clave del Plan Nacional de Catedrales es que la Iglesia se sentaba a la mesa del Estado en pie de igualdad. Todos los acuerdos tenían que tomarse por las partes, cualquier iniciativa necesitaba consenso. En ningún caso se planteó un plan de obras que pudiera ser impuesto por el Gobierno o la comunidad autónoma correspondiente a los responsables eclesiásticos.

La llegada de Carmen Calvo al Ministerio de Cultura no fue una mala noticia para la Iglesia. Lo que era una inversión modesta se convirtió en un proyecto de restauración patrimonial en el que el Gobierno de Zapatero se retrató a fondo. En 2006, la ministra y Asenjo firmaron el acuerdo para la restauración del crucero y el coro de la Mezquita-Catedral por algo más de tres millones de euros. La vicepresidenta alardeaba de sus buenas relaciones con el actual responsable de la archidiócesis de Sevilla. Pactaron un incremento de las partidas directas del Ministerio de Cultura cercano al 50 por ciento.

De los acuerdos no se desprende que se ponga en tela de juicio la propiedad eclesiástica del edificio aunque el interrogante es obvio: si se considera que el Estado es propietario, ¿qué es exactamente lo que tiene que acordar con la Iglesia? El texto tampoco pone en duda que el monumento sea uno e indivisible. El primer plan anunciado por el Ministerio era actuar, con el Plan de Catedrales, en la rehabilitación de la «maqsura», los restos andalusíes más valiosos. Esa actuación no llegó a la fase de ejecución.

El Ayuntamiento de Córdoba ha remitido ya el escueto informe de 19 páginas tanto a la Junta como al Gobierno central. Susana Díaz siempre ha parado los pies al PSOE andaluz cuando ha hecho movimientos en este sentido. Técnicamente, es la ministra de Justicia, Dolores Delgado, quien ha de actuar. Las decisiones son de la suficiente entidad como para que acaben en la mesa de la vicepresidenta.