'Caso Rocket' | La exalcaldesa de Peñarroya se enfrenta a 32 años de cárcel y 55 de inhabilitación

Muchos de estos proyectos no llegaron a materializarse , como el Museo del Ferrocarril o el Tren Turístico, había facturas que estaban infladas, y los contratos se hicieron prácticamente a dedo, saltándose toda las posibilidades de un concurso público. Un grupo de empresarios fue el más beneficiado con una gestión plagada de irregularidades y sin materializar lo comprometido. ¿ Dónde fue a parar el dinero del 'caso Rocket' ?

La exalcaldesa de Peñarroya ( exmiembro de la ejecutiva del PSOE-A ) se enfrenta ahora a elevadas penas de prisión , que en la suma de los distintos delitos supuestamente cometidos en cada rama superan los 32 años de cárcel y mas de 55 años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricación y malversación, entre otros cargos.

Junto a la exalcaldesa socialista se sentarán en el banquillo de los acusados cuatro empresarios . El Ministerio Público y la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento de Peñarroya han depurado responsabilidades acusando, además de a la exedil socialista, al empresario C. G. como cómplice de prevaricación , falsedad y/o estafa como presunto cabecilla de la trama -especialista en ferrocariles antiguos-, y a R.O., L.B. y J.F.P., tres de sus socios en empresas relacionada s con «el señor de los Ferrocarriles».

Las acusaciones -tanto Ministerio Fiscal como acusación particular- han presentado ya sus escritos provisionales ante la inminente apertura del juicio oral de esta causa ante la Audiencia Provincial de Córdoba. De un lado, la Fiscalía en su escrito de acusación recoge la existencia de cinco tramas en las que se han detectado irregularidades.

La primera de estas tramas se centra en la fase primera del denominado Tren Turístico del Guadiato ; la segunda está dentro de la «Redacción de proyectos de ingeniería y otras asistencias técnicas para la redacción de dos proyectos o asistencia técnica en Peñarroya-Pueblonuevo».

Una tercera trama donde la Fiscalía ha encontrado irregularidades es en la «Compra del vagón resturante» ; una cuarta trama en torno al denominado «Museo del Ferrocaril» y una quinta y última trama de «Dotación de Servicios Urbanísticos al Polígono Vega del Cubillo ». En este último caso, solo la Fiscalía considera que se cometieron irregularidades por parte de los acusados, mientras la acusación particular entiende que no quedan probados esos hechos de los que se deriven responsabilidades penales.

Llegados a este punto del proceso, después de ocho años desde que saltó a las portadas el caso tras la detención de la alcaldesa de Peñarroya, la causa en parte ha quedado algo desinflada , ya que ha pasado de los 17 investigados iniciales a sólo cinco , siendo cuatro de ellos empresarios, con mayor o menor grado de responsabilidad en las tramas en las que participaron bajo el mandato de Luisa Ruiz como regidora de la cabecera del Guadiato.

El relato de los hechos del Ministerio Público es compartido por la acusación particular ejercida por el Ayuntamiento peñarriblense. Ambas acusaciones consideran que sí hubo un delito claro de prevaricación por parte de la alcaldesa Luisa Ruiz en la que colaboraron parte de esos empresarios -a para los que solicita penas de hasta 12 años de prisión en el caso de C.G.-, el supuesto cabecilla de esta trama.

Sin embargo, la acusación ejercida por el Consistorio recoge en su escrito que no cree que se hubiera producido una malversación por parte de la alcaldesa, como sí considera el fiscal, por entender que «para que hubiera malversación tendrá que estar en connivencia con los empresarios y estos no tendrían por qué haber falsificado documentos».

De hecho, el Consistorio tendría que hacer frente a la responsabilidad civil en caso de que fuera acusada la alcaldesa de este delito y entonces debería, de ser así, presentar el escrito de defensa para esta entidad, según han informado fuentes de la acusación particular a ABC.

Hay que recordar que la instrucción del caso impulsada por la magistrada de Instrucción 2 en 2020 y la Fiscalía de Córdoba describía en su escrito ya el ‘modus operandi ‘que han recogido las acusaciones públicas y particular.

En este auto se describe cómo la alcaldesa adjudicaba proyectos a dedo o buscaba junto a estos empresarios fórmulas para justificar facturas a precios dispares o de trabajos que nunca se llegaron a realizar usando documentos falsos o memorias que engordaban el coste real (hasta diez veces más suculento).

La jueza consideraba ya que había « indicios racionales de criminalidad para continuar la causa por los trámites del procedimiento abreviado», decía, en base a datos objetivos, diligencias practicadas, «contradicciones evidenciadas de las distintas declaraciones» así como los testigos que han pasado por la instrucción.

En la estructura detectada surgen empresas interpuestas que abonaban parte de lo que facturaban al Ayuntamiento peñarriblense como « comisión » a otra empresa (siempre del mismo) por el «favor» de haberles «facilitado» la adjudicación bajo la apariencia de «labores de asesoramiento» que no existieron sino para dar apariencia de legalidad.

El montante económico sobre el que se cometieron irregularidades se estimó en un principio tras saltar el escándalo en octubre de 2013 en unos 12 millones de euros procedentes de los Fondos Miner para la reconversión de comarcas mineras del carbón como el Guadiato, pero sólo está en tela de juicio el uso real de unos 4,2 millones destinados a varios proyectos como el tren turístico del Guadiato, un vagón-restaurante, asistencias técnicas para polígonos industriales o el museo del Ferrocarril o la dotación de servicios urbanísticos al polígono de Vega del Cubillo.

El primer paso mal dado de Luisa Ruiz fue cuando decidió en 2009 adjudicar a dedo a la empresa Centros de Estudios de Ferrocarriles Turísticos S.A (CGTF), tras la que estaban los empresarios encausados Carlos Guash y Ricardo Oliver, un tren turístico para la zona . La subvención concedida en este proyecto fue una de las de mayor importe: 1.485.000 euros, existiendo sólo un procedimiento negociado sin publicidad por 224.000 euros. La jueza lo calificaba ya en su auto de procesamiento de «irregular» ya que con anterioridad al trámite legal se había decidido que Talleres Mecánicos Celada fuera la contratada, creando Carlos Guash y la alcaldesa un «procedimiento ficticio de concurso».

Guash estaba detrás de la segunda de las adjudicaciones directas para el arreglo de dos locomotras («Marta» y «Santa Bárbara») a cargo de otra empresa: Asociación Per la Reconstrucción I Posta en Servei de Material Ferroviario Historic (ARMF), contando también con el beneplácito de la alcaldesa.