Cs e IU cuestionan el reparto de subvenciones en el Ayuntamiento de Lucena

El procedimiento de concesión de las subvenciones municipales a colectivos locales en Lucena vuelve a estar en entredicho por parte de distintos grupos municipales, que reclaman el abandono de la fórmula de los convenios y su sustitución por una normativa clara y basada en criterios evaluables de forma objetiva.

El grupo municipal Ciudadanos Lucena instó ayer al equipo de Gobierno a que inicie los procedimientos «para modificar la forma que actualmente tiene el Consistorio para el otorgamiento de subvenciones a las distintas asociaciones y entidades lucentinas» y optar, como ya hacen el Patronato Deportivo y otros muchos ayuntamientos, por un «régimen de concurrencia competitiva , regulado por categorías y criterios puntuables como podrían ser la implantación, trayectoria y desempeño de la entidad y la valoración del proyecto en cuanto al número de personas beneficiarias, número de actividades o continuidad del proyecto».

Para Ciudadanos, «el actual modelo de subvención vía convenio es injusto y desproporcionado y se hace a ojo y previa negociación entre los interesados y los políticos de turno, una práctica que propicia el clientelismo» según el portavoz de la formación naranja en el Ayuntamiento, Jesús López . Ciudadanos realizó estas declaraciones sólo unas horas después de que el portavoz de Izquierda Unida, Miguel Villa , pidiese a PSOE, PP y a la propia formación naranja que reconsideren la decisión, adoptada al cierre del anterior periodo corporativo, de detraer de la subvención de 10.000 euros otorgada a la asociación de fibromialgia Alufi los 2.000 euros correspondientes al uso gratuito de las piscinas municipales.

Villa no dudó en calificar esta decisión como «mezquina» , tras aprobarse en el Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes de la distribución de los 70.000 euros destinados por este organismo municipal a los diferentes clubes locales y las cuantías en las que se valora el uso gratuito que estos equipos hacen de las dependencias municipales. En algunos casos, sobrepasan los 100.000 euros anuales.