Un paraje de Sierra Morena en la provincia de Córdoba
Un paraje de Sierra Morena en la provincia de Córdoba - ABC
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La declaración de Sierra Morena como parque natural sigue parada

Las entidades agrícolas y ganaderas están contra esta iniciativa, que empezó a tramitarse en 2016

CÓRDOBAActualizado:

En septiembre de 2016, el Parlamento de Andalucía dio luz verde, tras no pocas negociaciones de carácter político, a una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario de Podemos para que la Sierra Morena de Córdoba fuera declarada parque natural. La moción contó con el apoyo del PSOE e IU y con la abstención del PP y de Ciudadanos. Un año después se constituyó una mesa de trabajo para analizar esta iniciativa en la que están presentes los alcaldes de la zona, los cazadores, las organizaciones agrarias y los ecologistas. Hasta el momento sólo se han reunido en dos ocasiones, la última hace un mes.

El territorio que se pretende proteger abarca una superficie de unos 2.500 kilómetros cuadrados en la parte central del Norte de la provincia, donde habitan unas 50.000 personas. Esta zona limita al Oeste con el Parque Natural de Hornachuelos y al Este con el de la Sierra de Montoro y Cardeña.

La postura de Asaja y de los cazadores

El proyecto cuenta con el firme rechazo de los representantes de la actividad cinegética y de colectivos agrarios como Asaja que entienden la declaración como una amenaza. El presidente provincial de esta organización, Ignacio Fernández de Mesa, indicó a ABC que esta declaración «supondría un perjuicio muy grande de la economía de la zona debido a las mayores limitaciones que se instaurarían». «Creemos que es una iniciativa que carece sentido porque más prohibiciones y controles aumentarían los gastos de los agricultores y los ganaderos», alertó.

Parecidos argumentos son los que ofrece el delegado de la Federación Andaluza de Caza en Córdoba, Francisco Javier Cano, al considerar que esta zona «está suficientemente protegida» con las figuras legales vigentes en estos momentos. A su juicio, esta declaración «conllevaría más trabas burocráticas al sector productor de los municipios allí existentes, que ya de por sí, está bastante castigado, así como una nueva zancadilla a nuestra actividad». En consecuencia, Cano teme que esta medida provocaría un abandono de estas localidades al haber menos oportunidades laborales.