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SUCESOS

Detienen al cabecilla del fraude a la Seguridad Social de Córdoba a la llegada de un vuelo de la Habana

Fue arrestado en el aeropuerto de Barajas porque estaba en busca y captura

CÓRDOBA Actualizado: Guardar
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El cabecilla de la trama del macrofaude a la Seguridad Social, R. E. G., al que la Fiscalía le pide seis años de prisión más distintas multas y penas accesorias por organizar el entramado de empresas, fue detenido el pasado 4 de abril por la Policía Nacional a la llegada de un vuelo de La Habana-Madrid.

Sobre las 10.30 horas, los policías judiciales procedieron a su detención después de conocer que le constaban órdenes de búsqueda, detención y personación por el Juzgado de Instrucción número 8 de Córdoba. El acusado permanecía huído de la Justicia por estas causas pendientes, que serán enjuiciadas próximamente en la Audiencia Provincial de Córdoba. Tras su puesta a disposición de un Juzgado de Madrid, el juez ordenó su ingreso en prisión provisional en la cárcel madrileña de Soto del Real.

El Ministerio Público ha pedido a la Audiencia Provincial un total de 81 años de prisión y la devolución de una gran cantidad de dinero en ayudas en el primer gran juicio que tendrá que organizarse por presunto fraude millonario a la Seguridad Social. El entramado estaba tan organizado que el fiscal del caso establece las penas para las 83 personas que tendrán que hacerse sitio en el banquillo de los acusados por la situación que se resume, básicamente, en la adquisición de derechos sociales falsos con el objetivo de acceder a las ayudas que arbitra el estado del bienestar. El documento de la Fiscalía establece distintos niveles de responsabilidad de la trama que se dedicaba, presuntamente, a la creación de empresas ficticias sin actividad real de forma que terceros pagaban por aparecer como contratados en ellas y tener derecho a subsidios.

En el primer nivel se encuentra el cabecilla de la trama y, en segunda instancia, se encuentran los siete administradores de las empresas ficticias a los que se le piden tres años de prisión a cada uno por ser los responsables legales de estas sociedades mercantiles. En última instancia, se encuentran los beneficiarios. A los 36 que pasaron más tiempo «contratados» por las distintas empresas, el fiscal les pide una pena de un año y dos meses de prisión cada uno. Para el resto, 38 personas, el Ministerio Público reclama cuatro meses y quince días de prisión con penas accesorias como la devolución de los subsidios obtenidos más las multas correspondientes.