El candidato de Unidos Podemos Diego Cañamero, investigado por ocupar la finca de Somonte

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Posadas (Córdoba) ha dictado un auto en el que investiga al cabeza de lista de Unidos Podemos por la provincia de Jaén para el 26-J, Diego Cañamero , y la parlamentaria andaluza de Podemos María del Carmen García Bueno , por la ocupación por parte del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) de la finca de Somonte , propiedad de la Junta de Andalucía, que el lunes fue desalojada nuevamente.

Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez investiga a unas 15 personas , entre ellas los ya mencionados, y apunta que en la nueva ocupación de la finca el día 5 de junio sobre las 11.30 horas, tras haber sido desalojada tres días antes, se podría haber cometido un delito leve de usurpación inmobiliaria , a la vez que considera que «pudieran existir indicios» de la supuesta comisión de un delito de desobediencia a la autoridad .

Al respecto, el letrado de la Junta , en un escrito del día 13 de junio de 2016, solicitó un nuevo desalojo de la finca y en su caso, «con apercibimiento a los presuntos responsables de que en caso de no cesar en su conducta , y no desalojar definitivamente la finca o reiteren la ocupación de la misma, podrán incurrir en delito de desobediencia grave a la autoridad», algo a lo que el fiscal no se opuso y que se llevó a cabo este lunes.

En concreto, en el auto del día 16 de junio la juez se basa en el atestado policial para determinar que el día 5 de junio, un grupo de personas «dirigidas» por Diego Cañamero y María del Carmen García Bueno «se dirigieron a la finca teniendo pleno conocimiento de que tres días antes se había producido el desalojo , por lo que pudieran existir indicios de un presunto delito de desobediencia a la autoridad».

El auto judicial relata que, «tras violentar los candados de las puertas de acceso a la finca, accedieron a su interior y permanecieron allí, a sabiendas de que el desalojo judicial se había producido tres días antes ». E insiste en que «los imputados y demás personas que ocupan la finca tienen conocimiento de que es propiedad ajena y que la ocupan contra la voluntad de sus propietarios », lo que, según la juez, «se desprende claramente de los hechos».

De este modo, expone que en el caso constan «todos los elementos del tipo penal» para considerarlo un delito de usurpación , entre ellos que no ha existido «violencia o intimidación» y que consta «la voluntad contraria de tolerar la ocupación por parte del titular del inmueble», la Junta de Andalucía, además de concurrir «dolo en el autor, que conozca la ajeneidad del inmueble y la ausencia de autorización del titular».