La Fiscalía reduce a 20 años la petición de pena para el nonagenario que mató a su mujer con Alzheimer

La Fiscalía ha reducido a 20 años de prisión la petición de pena para el nonagenario acusado de matar a su mujer enferma de Alzheimer con 86 años en Iznájar en 2019 al retirar la agravante de ensañamiento de su calificación provisional de los hechos ante el jurado popular que lo juzga.

Durante su intervención, el Ministerio Público ratificó su calificación de asesinato que exige tanto causar la muerte de otra persona como la alevosía al desarrollar los hechos. Dijo la representante de la Fiscalía que la víctima, que padecía una enfermedad degenerativa, se encontraba muy debilitada como consecuencia de su estado de salud y de una tranfusión sanguínea reciente. En el acto de darle muerte, su marido le tapó la boca al tiempo que le provocaba las heridas con un arma blanca con la que le produjo tanto puñaladas como cortes. «No tengan duda, tenemos esa alevosía , ese asesinato. El acusado actuó sobre seguro y se aseguró la muerte ya que ella no podía pedir auxilio», explicó.

La fiscal dedicó buena parte de su informe a combatir la tesis de la defensa de que lo que se produjo es un comportamiento humanitario de darle muerte a una persona que estaba enferma y sufriendo. «La víctima estaba constantemente asistida, ya se le había concedido la ayuda a domicilio y había formas para evitar el desbordamiento de las personas que estaban a su lado», dijo. El Ministerio Público negó en todo caso que hubiese un sentimiento compasivo dada la brutalidad de la agresión.

La defensa del acusado modificó también la calificación de los hechos en su informe final al solicitar que se considere por parte del jurado como un delito de cooperación al suicidio siendo el motivo de la muerte la enfermedad terminal de la víctima considerando su voluntad para ello.

El letrado del nonagenario se dirigió al jurado solicitando un veredicto de acuerdo al «móvil humanitario resultado de una cooperación al suicidio del acusado con consentimiento de la víctima». En este caso, la pena solicitada por la defensa y que estaría fijada por el presidente del tribunal una vez sea dictado el veredicto, se situaría en un máximo de 6 años . De forma alternativa, pida que se tenga en cuenta el estado mental del acusado.