La alcaldesa, en la presidencia de un Pleno
La alcaldesa, en la presidencia de un Pleno - Valerio Merino
Instituciones

Intervención denuncia la presión «intolerable» del cogobierno de Córdoba

La titular traslada a los sindicatos que estudia con su letrado interponer acciones judiciales

CórdobaActualizado:

La titular del departamento de Intervención, Paloma Pardo, y su número dos mantuvieron un encuentro con todos los sindicatos el pasado miércoles entre las 14.00 y las 16.20 horas (en el Aula de Formación del Ayuntamiento) donde intentaron desmontar punto por punto la versión creada por el cogobierno tras el reparo de la última nómina de toda la plantilla municipal y donde dieron cuenta de la situación de los impagos que acumulan los trabajadores municipales. ABC ha tenido acceso al contenido de la reunión mediante las notas elaboradas por CSIF, a modo de acta, en la que la interventora municipal denuncia «presiones políticas insostenibles e intolerables». Tanto es así que, afirma, ha puesto en manos de su abogado los hechos con el objetivo de emprender acciones judiciales. La interventora no quiso hacer declaraciones para ABC apelando al deber de sigilo al que está obligada.

«La realidad de las cosas no es la que se ha vertido en prensa en los últimos días ni por la alcaldesa, ni por el concejal de Personal [David Luque] ni por el director general», reza el acta. Conocido el reparo, la alcaldesa dijo: «Ha sido algo curioso. Y utilizo esta palabra por no usar otra. Curioso porque es el mismo método de elaboración de la nómina de los trabajadores que lleva usando el Ayuntamiento durante los últimos 30 años». Y remató: «Nos llama mucho la atención que cambie la interpretación y que, ante una advertencia, se recoja la vía más grave y más lesiva para los intereses de los trabajadores».

Sin cambio de criterio

En primer lugar, los responsables de la Intervención le garantizaron a los sindicatos que no han cambiado de criterio desde que, en 2008, realizaron la primera advertencia de que había elementos anómalos en la parte variable de las nóminas. Y que el reparo suspensivo de febrero es la última de varias actuaciones. El 27 de enero ya se planteó parar las nóminas al detectarse errores. Personal optó por seguir adelante dándose un mes para cambiarlo. Ninguno de los contactos intermedios, y hubo varios -según el relato de la Intervención-, palió el problema. Además, Intervención dio al equipo de gobierno la opción de pagar la nóminas que no tenían fallos y frenar una parte variable que es donde se encuentra el lío. La respuesta de los responsables políticos fue «no».

David Luque, en el pleno ordinario del mes de febrero
David Luque, en el pleno ordinario del mes de febrero - Álvaro Carmona

El problema es antiguo porque, desde 2010, se sabe que hay que bajarle el sueldo a la mitad de la plantilla municipal para subírselo a la otra mitad por aplicaciones incorrectas en las nóminas. El PSOE, que gobernaba entonces, decidió orillar el problema en la antesala de las municipales de 2011. La regularización de esas discrepancias, explicó Intervención a los sindicatos, nunca llegó a hacerse. Y lo que ha cambiado son las exigencias de fiscalización. Desde agosto de 2018, Intervención ya tiene la obligación por imperio de la ley de entrar siempre a analizar estas cuestiones. Intervención es un departamento que no depende jerárquicamente del gobierno municipal. Responde ante la Cámara de Cuentas y los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas. La alcaldesa, pues, no puede darle orden alguna. Y lo que ha detectado es que parte del dinero que perciben los empleados municipales es una retribución «ilegal y continuada en el tiempo».

Pagos pendientes

Las dos responsables de Intervención abordaron en el encuentro con todos los sindicatos la situación de la enorme cantidad de pagos pendientes que tiene el Ayuntamiento de Córdoba con sus empleados. Las responsables del departamento de fiscalización retratan, para poner las cosas en contexto, un auténtico caos en Recursos Humanos que no pueden controlar con el escaso personal del que disponen. Intervención, con esos mimbres, ha de controlar las nóminas, las facturas, los contratos, la gestión de los organismos autónomos e incluso visitar determinadas obras.

La alcaldesa, en el último pleno ordinario
La alcaldesa, en el último pleno ordinario - Álvaro Carmona

Según el acta de la reunión, todos los datos contables de pagos pendientes han de cerrarse, obligatoriamente, el 27 de noviembre. En la reunión, se explicó que el mismo 30 de diciembre de 2018 aún se pretendían realizar cambios en las nóminas. El 21 de diciembre se comunicó por correo electrónico el último grupo de retribuciones. E incluso, según se transmitió en la reunión, se pretendió imputar una subida del 0,3 por ciento en los salarios tras emitir toda la documentación.

Fuera de plazo

Así, el primer semestre de la productividad municipal no se ha llegado a pagar a la Policía Local y otros servicios porque el expediente se remitió el 20 de noviembre cuando ha de hacerse en septiembre. Se devolvió para su nueva presentación, cosa que no se hizo hasta el cinco de febrero. Los sindicatos sostienen que el gobierno municipal les aseguraba antes de esa fecha que todo estaba hecho y que los problemas se encontraban en la Intervención. La subida salarial pactada tuvo un ítem similar. El incremento retributivo pasó por la Junta de Gobierno sin fiscalización «ya que conocían la respuesta negativa». Con respecto a las cantidades pendientes de cobro por trabajar en eventos, Semana Santa y Feria (que afectan a los policías), Personal tardó cinco meses en mandar todos los informes requeridos, según reza el acta.

También entraron fuera del plazo de las normas contables los pagos del plus de homologación y de las horas extraordinarias. En este último aspecto, las responsables de Intervención explicaron que habían detectado numeroso errores en los que los trabajadores municipales «cobraban menos y no más». Las funcionarias explicaron a los sindicatos que la corrección de los errores se produjo ocho meses después de ser solicitadas.

Buena parte de las explicaciones que se le dieron a los sindicatos es que el trabajo que se está realizando es lo que dicta la ley al respecto. De hecho, afirman que el departamento de fiscalización no es un muro insalvable de hormigón.

«Una situación grave y/o delictiva»

En la reunión, se repasaron las situaciones que bordean la legalidad como la ausencia continuada de una Relación de Puestos de Trabajo y una Valoración de Puestos de Trabajo, calificada como «grave y/o delictiva». Intervención tiene intención de seguir aplicando los reparos suspensivos a las nóminas municipales en tanto la situación no cambie. Ello obligará al gobierno municipal a convocar un Pleno al mes para poder pagar los salarios. En el encuentro, se transmitió la existencia de una situación complejísima donde se han detectado cuestiones como que hay trabajadores municipales que firman documentos en los que aseguran no tener más de 50 horas extraordinarias realizadas (el máximo) cuando llevan unas 150. También, que no consideran legal que se obligue a trabajar por decreto al personal de los bomberos.