Testigos del fraude de los cursos de formación son interrogados en la comisaría Campo Madre de Dios.
Testigos del fraude de los cursos de formación son interrogados en la comisaría Campo Madre de Dios. - Valerio Merino
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Macrocausas pendientes: Las madejas del empleo en Córdoba

Los cursos de formación de la Junta y el mal uso de la Seguridad Social copan el otro bloque macrojudicial de 2019

CórdobaActualizado:

Las dos causas complejas sobre fraudes a la Seguridad Social han cogido pista en los Juzgados de lo Penal en Córdoba. En concreto, uno de estos dos procedimientos, localizado del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba con 24 acusados de percibir subsidios de desempleo desde el año 2012, ya está señalado para juicio. Las penas que la Fiscalía solicitapara cada uno de ellos oscilan entre los tres años y los nueve meses de prisión.

La segunda causa, de las mismas características con decenas de acusados que se beneficiaron de ayudas públicas de forma fraudulenta se ha ido diluyendo a través de sentencias de conformidad en el propio juzgado de Instrucción y llegan para su ejecución a los cinco juzgados de lo Penal.

Por otro lado, otro juzgado de lo Penal, en este caso el número 4 de Córdoba, será también el encargado de juzgar este próximo año a los ocho empresarios acusados de falsedad documental o fraude de subvenciones en la pieza separada de los Cursos de Formación de la Junta de Andalucía entre los años 2010 y 2011.

Aunque la trama en un principio salpicó a más de 80 empresarios y a responsables políticos de la Delegación de Empleo como Antonio Fernández, el cerco se cerró con ocho empresarios y sin responsables políticos de la Junta. «En fase de instrucción no se pudo probar el favoritismo político a ciertos empresarios, más bien hubo falta de medios para inspeccionar la avalancha de cursos que se concedieron y que dieron lugar al fraude», señalaron fuentes judiciales a ABC.

Quienes sí se sentarán en el banquillo con color político en esta causa serán el ex concejal socialista del Ayuntamiento de Peñarroya Mauricio Montiglia y el empresario M. A. F. D., considerados responsables de un delito de fraude de subvenciones, que se traducen en tres años de cárcel, multa de 300.000 euros y cuatro años sin ayudas públicas.