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TRIBUNA LIBRE

«Un pacto de Estado que nunca llega», por Isabel Albás

La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento, reflexiona sobre la nueva ley Celaá

Imagen de un aula en el colegio Divina Pastora de Córdoba VALERIO MERINO

Isabel Albás

Dijo Nelson Mandela que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo . Precisamente esto es lo que no parecen entender algunos políticos cuando tratan de utilizar la educación no como arma para cambiar el mundo, sino para enfrentarlo. Hace una semana hemos conocido algunas de las barbaridades , y permítanme que lo diga así, que va a incluir la nueva ley de educación que regirá para nuestros hijos. En concreto, quiero detenerme en tres puntos.

En el texto que actualmente se encuentra en tramitación en el Congreso se determina la eliminación del castellano como lengua vehicular . El artículo 3 de la Constitución española establece que todos los españoles tenemos el deber de conocer nuestra lengua y el derecho a usarla . No voy a entrar en el derecho a usarla, puesto que como liberal entiendo que cada uno es libre para poder utilizar sus derechos como lo considere más oportuno. Por el contrario, sí quiero detenerme en el deber de conocerla. Es mediante la educación por la cual se produce la socialización primaria de los niños . Si en el colegio se elimina , ya no la obligación, sino la posibilidad de utilizar una de las lenguas oficiales, ¿ cómo vamos a poder exigir posteriormente el deber de conocer el castellano ?

En segundo lugar, se produce una total discriminación a la escuela concertad a . En España, más de dos millones de alumnos estudian en estas escuelas. Son diversas las cuestiones que atañen a este tipo de titularidad de centros educativos , como por ejemplo la prohibición expresamente del pago de cuotas a los colegios concertados a través de sus fundaciones o de las extraescolares que estén dentro del horario escolar. Lo que más me preocupa es el cambio en los baremos de acceso a un centro educativo . Ahora se pretende dar más peso a la proximidad del domicilio de residencia, siendo este el único criterio para la admisión en colegios que podrá superar el 30% de puntuación máxima, privando a los padres del derecho de libertad de elección de centro educativo.

La tercera barbaridad es relativa a la educación especial. El proyecto, tal y como está concebido, pretende incrementar los recursos a los centros ordinarios para que los alumnos con discapacidades se puedan integrar en estas escuelas. Sin embargo, el objetivo real de esta medida no es otro que desmantelar los centros específicos de educación especial , no solo quitándoles recursos, sino también financiación.

Las tres cuestiones aludidas ya han recibido la crítica de la mayoría de la sociedad . En el primero de los casos, toda la oposición nos hemos unido para criticar dicha eliminación. La plataforma, cuyo nombre es #MásPlurales, ha surgido para oponerse a la discriminación a los colegios concertados. Esta ya cuenta con casi un millón y medio de firmas. Y por último, 300.000 personas han firmado en contra de vaciar los centros específicos de educación especial.

Es decir, una de las materias que debería tener el mayor respaldo social , se ha convertido, o la han convertido, en arma arrojadiza para dividir a la sociedad. Una sociedad que cada vez está más polarizada. Desde Ciudadanos, no vamos a permitir que el futuro de nuestros hijos sea la herramienta utilizada para enfrentrar a la sociedad. Se ha hablado hasta la saciedad de la necesidad de un Pacto de Estado educativo, quizás no suene original repetirlo, quizás lo realmente original sería llevarlo a cabo.

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