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Provincia

Propietarios privados frenan la obra de la nueva subestación eléctrica de Lucena y Cabra

La falta de un convenio con las juntas de compensaciones bloquea el proyecto para el suministro eléctrico

Polígono Mantón de Manila de Cabra, donde se ubicará la subestación eléctrica F. Osuna

J. M. García

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lucena , César del Espino, reconoce que la falta de acuerdo con las juntas de compensación del Plan Parcial Oeste 1 y el Plan Parcial Sur 2, son en este momento los principales obstáculos para que pueda cerrarse el acuerdo a cuatro bandas entre los consistorios de Cabra y Lucena , la agencia pública de vivienda (AVRA) y Endesa para la construcción de la nueva subestación de energía eléctrica de Cabra , de cuya entrada en funcionamiento dependen no solo el abastecimiento de luz a varias zonas de la ciudad, sino también la posibilidad de que se pueda seguir construyendo en las mismas, actualmente inviable pese al interés mostrado por algunas constructoras al no estar garantizado el suministro definitivo de luz.

César del Espino indicó de forma muy gráfica que «en este momento, la pelota está en el tejado del Ayuntamiento de Lucena », pero recordó que «no somos independientes, sino que dependemos de esos dos sectores», que deben garantizar el pago de la parte del coste de esta infraestructura eléctrica que les corresponde como propietarios de los suelos que obtendrán suministro de la misma.

Según Del Espino las divergencias con estas juntas de compensación son diferentes. El plan parcial Oeste 1 tiene garantizado mediante un aval la cantidad económica que le correspondería abonar, pero exige «que se libere potencia» de inmediato y Endesa garantice el suministro con carácter previo a la construcción de la nueva subestación, petición que el ayuntamiento está intentando negociar con la eléctrica. Por el contrario, en el Sur 2, los problemas parecen ser de índole económica ante la aparente falta de expectativas por construir por el momento.

El edil lucentino explicó que, desde el momento en que el ayuntamiento firme el convenio con el resto de entidades se compromete a pagar su parte, unos 2,5 millones de euros.

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