TRIBUNALES
Rafael Gómez sale de la prisión de Córdoba
El ex líder de Ucor cumpliará el resto de condena en el CIS tras el auto del juez de Vigilancia Penitenciaria
El empresario y exedil del Ayuntamiento de la capital cordobesa Rafael Gómez ha abandonado pocos minutos antes de las 2 de la tarde la prisión de Alcolea donde ha estado cumpliendo condena desde diciembre de 2017 tras ser sentenciado a cinco años y tres meses de cárcel y una multa de cerca de 112 millones de euros como autor de dos delitos contra la Hacienda Pública por impago de casi 29 millones de euros .
Según han informado fuentes del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, tras notificación de la cárcel, el empresario abandona el centro en esta jornada, pendiente del recurso presentado por la Fiscalía contra el auto que le concede el tercer grado y al que su defensa presentará alegaciones ante el escrito del Ministerio Público.
En este sentido, las fuentes judiciales han manifestado que en este caso «la interposición del recurso no suspende la ejecución del auto al no tratarse de un delito grave» para poder beneficiarse ya del tercer grado. El recurso se ha presentado ante el juez de Vigilancia Penitenciaria y subsidiariamente en apelación ante el Juzgado de lo Penal número 3, órgano sentenciador y que será quien decidirá en última instancia si atiende o no a la petición de Fiscalía .
El empresario cordobés agradeció el trato recibido entre las paredes de la prisión tanto a los reclusos como a los funcionarios que, dijo, han tenido un trato modélico. Aseguró que la estancia en la prisión ha sido una experiencia y que tanto el tratamiento médico como la comida fue buena. Acabada su comparecencia, se dirigió a su casa donde le estaban esperando amigos y familiares. Por la tarde, ingreso en el Centro de Intervención Social de las Quemadas donde ha de pasar las noches de los días laborables sin no se establece otro tratamiento.
El auto del juez de Vigilancia Penitenciaria recoge que la concesión del tercer grado se produce por su salud; la edad, unos 75 años; la buena conducta en el centro penitenciario, y la garantía de pago de la responsabilidad civil, de manera que el juez considera que «está preparado para el régimen de semilibertad». A su salida de la prisión, ha acudido al Centro de Inserción Social, donde se decidirá si irá a dormir a la cárcel todos los días salvo los fines de semana o si le ponen la pulsera telemática .
Al respecto, dicho tercer grado fue rechazado a mediados de 2018 al no cumplir la cuarta parte de la condena, « que es un requisito insoslayable para tener acceso a la concesión de permisos penitenciarios», después de ingresar en la cárcel en diciembre de 2017. Tras ello, el empresario pidió entrevistarse con el juez de Vigilancia Penitenciaria para abordar su estado de salud, entre otros asuntos.
Cabe recordar que el Tribunal Constitucional (TC) inadmitió a trámite el recurso de amparo presentado por la defensa del empresario contra la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Córdoba por la que está en la prisión cumpliendo la pena de cinco años y tres meses de cárcel , al tiempo que está pendiente del indulto solicitado.
En este caso, el juez del Penal número 3, Miguel Ángel Pareja, explicó en un auto que «la edad del penado y su condición física, a la vista de la documental e informes médicos presentados, deberán ser tendidas en cuenta y valoradas, en su caso, en el ámbito del tratamiento penitenciario».
La sentencia, confirmada por la Audiencia de Córdoba, consideró probado que el empresario cometió dos delitos, ambos en 2006. El primero a través de Arenal 2000, al dejar de ingresar a Hacienda 25,5 millones reduciendo la factura fiscal. El segundo, a través de Arenal 2001, siendo la cantidad defraudada de 3,2 millones y con un método similar.
Así, aunque el Ministerio Público pidió 40 años de cárcel para Gómez por diez delitos y 19 años y tres meses para sus hijos por otros siete delitos, el juez dejó las penas para el empresario en algo más de cinco años y absolvió a los hijos y la mujer, a ésta última en cuanto a la responsabilidad civil que pudiera tener como partícipe a título lucrativo.
Como se recordará, Rafael Gómez fue condenado en el caso «Malaya» por un delito de cohecho activo y se le impuso la pena de seis meses de prisión, sustituida por multa de 12 meses con cuota diaria de diez euros, en total 3.600 euros, y una multa de 150.000 euros, en este caso con la fijación de un calendario de pago.
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