Ayuntamiento de Córdoba
Urbanismo consulta al Gobierno si puede hacer funcionarios al 60 por ciento de su plantilla
El plan municipal para estabilizar a los no fijos, que se elevan a 79 de 130 trabajadores, establece que sigan como laborales pero fijos, aunque la pregunta quiere evitar dudas jurídicas
La Gerencia de Urbanismo de Córdoba evita que la plantilla a estabilizar sean funcionarios
Recurren el plan de estabilización de la plantilla de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba
La estabilización del personal laboral de la Gerencia de Urbanismo de Córdoba sigue abierta. Un tema espinoso y nada baladí habida cuenta la intrahistoria de una plantilla que arrastra problemas en cuanto a su estabilidad desde hace casi veinte años. Rozando siempre la alegalidad y a la orilla de los juzgados en anteriores mandatos.
La obligación de la reforma laboral del Ejecutivo de Sánchez de regularizar a los interinos en la Administración tocó a la puerta del organismo autónomo, que aunque en mayo pasado aprobó un plan para estabilizar a 79 trabajadores laborales (de 130 puestos totales, un 60 por ciento) como fijos, pero no como funcionarios -así ha ocurrido en otros entes municipales-, no termina de ver claro el asunto.
El presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, elevó a mediados de julio una consulta oficial en ese mismo sentido al Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Lo hizo apenas semanas después de que un sindicato del organismo autónomo presentase un recurso por la vía administrativa contra el acuerdo de enero y argumentando «falta de seguridad jurídica» en la decisión auspiciada por el PP con el resto de grupos. También como compromiso de la mesa general de negociación de la oferta de empleo público para 2022 en la que se incluyó la puesta al día exigida.
La gran duda de Fuentes
En la misiva de Fuentes, a la que ha tenido acceso ABC, el teniente de alcalde de Urbanismo plantea la siguiente disyuntiva a los técnicos del Gobierno: «¿Deben estabilizarse como personal laboral, tal y como aparecen en la plantilla de personal y como vienen siendo ocupadas de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016, o deben estabilizarse como personal funcionario tras la previa modificación de la plantilla de personal, atribuyéndole la naturaleza jurídica conforme a la actividad desempeñada?».
Durante ese tiempo señalado por Salvador Fuentes en su carta, muchos de estos trabajadores han desempeñado puestos de responsabilidad. Precisamente uno de los agujeros de la Gerencia está en la falta de funcionarios, necesarios para llevar a cabo determinados expedientes públicos como, por ejemplo, la disciplina urbanística. En esa bolsa de laborales hay arquitectos, licenciados en Derecho y administrativos en su mayor parte. El presidente de Urbanismo plantea en su carta una derivada final. En caso de que el Ejecutivo contestase que deben ser regularizados como funcionarios, «¿puede realizarse por el sistema de concurso...?»
«En caso de que el Ejecutivo contestase que deben ser regularizados como funcionarios, ¿puede realizarse por el sistema de concurso...?»
El plan de estabilización de la Gerencia de Urbanismo se enmarca en una legislación estatal que empuja a todas las administraciones a procesos especiales para dar fijeza en el empleo a quien no lo tiene, que en la institución municipal es la mayoría.
En Urbanismo han entrado en este proceso un total de 79 plazas de personal laboral indefinido (aunque una serie de empleados reclaman su condición de laboral fijo para no entrar en el procedimiento). El plan de estabilización consiste en sacar las plazas puntuando de forma extraordinaria la experiencia en el puesto.
Laborales, de indefinidos a fijos
En contra de lo que ocurrió en el Imtur o el Imdeec, en la Gerencia las 79 personas que entran en el procedimiento no acabarán siendo funcionarios, por ahora. Aunque tampoco cerró la puerta del todo a ello el PP. El listado aprobado en el consejo rector y publicado en el BOP establece que todas las plazas están marcadas con la letra L, de laboral. Es decir, que dejarán de ser laborales (contratados) indefinidos para convertirse en laborales fijos.
Durante el proceso de las negociaciones, Asig-USO, que está muy implantado en el grupo de afectados, optó por abstenerse en la votación de la mesa de negociación al pedir una serie de aclaraciones a los responsables de Urbanismo que nunca llegaron a producirse. Finalmente recurrió por vía administrativa la decisión por entender que existía «inseguridad jurídica», de ahí que ahora también el presidente del organismo autonómico elevara esa consulta para despejar dudas jurídicas en el paso a dar.
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