¿Quiénes están detrás de la organización que pide el boicot a la fresa de Andalucía?

Pero, ¿quién está detrás de esta organización? Explican ellos mismos que son una plataforma que recoge y difunde campañas sociales y políticas. Presionan para que se consigan ante las instituciones, los partidos o las empresas. Y todas tienen el mismo corte. «Nuestras campañas impulsan el progreso social, ecológico y democrático», señalan.

La idea de Campact es que si hay «decisiones importantes» que estén por tomarse, deben intervenir para que la balanza se decante por sus intereses. Son una suerte de Change.org. La cuestión es que todas sus campañas tienen un denominador común: apoyan iniciativas de los partidos progresistas. De hecho, recuerdan fuentes de la Junta, protagonizaron una polémica en Alemania cuando pidieron a la izquierda y los verdes que retiraran a su candidato en unas elecciones para que solo optara al voto progresista el cabeza de lista de SPD.

A los mandos de este lobby alemán están cuatro personas. El primero es Critóbal Bautz. Biólogo y politólogo, este alemán, antes de llegar a Campact fundó una asociación anticapitalista con postulados anti Europa. «En la UE vivimos la perversión de la democracia, con procesos electorales viciados por la manipulación mediática y una fuerte presión empresarial que lleva a la devaluación de la política, cada día más alejada de la ciudadanía», indican.

En la dirección de Campact está también la doctora en Historia Astrid Deilman. Su perfil es el más interesante puesto que fue portavoz de la organización ecologista WWF. Ejerció el cargo de 2005 a 2012. Precisamente WWF fue quien llevó a la Comisión Europea la denuncia contra la ley de regadíos en el entorno de Doñana que ahora sirve de excusa a Campact para iniciar el boicot a la fresa onubense.

También en el equipo directivo está Dafne Heinsen, quien se confiesa «interesada en la política progresista» y el doctor Felix Kolb, quien también pasó por Attac antes de recalar en la plataforma Campact.

La campaña alemana tiene un interés político evidente: forzar al Gobierno andaluz a variar su política bajo la amenaza de soliviantar a los consumidores contra el fruto rojo de Huelva. Y lo hace no desde la neutralidad sino desde una organización cuyo ideal está alineado por una parte con los partidos progresistas como puede ser el PSOE y, además, con movimientos ecologistas como el de WWF, contrarios a la normativa andaluza en Doñana.

Pero, además, el boicot que plantea la plataforma Campact tiene también un objetivo económico. Porque, a menor consumo de fresa onubense, más venta de ese producto con otro origen. Alemán, por ejemplo.

«Para cubrir esta necesidad [de fresa], la industria agrícola española bombea grandes cantidades de agua. También del Parque Nacional de Doñana, que es Patrimonio de la Humanidad. El robo ilegal de agua de sus proveedores amenaza con destruir este frágil ecosistema», indican en Campact. Todo falso, se defienden los agricultores, quienes ayer denunciaron una campaña de noticias falsas con sus explotaciones. «Estamos a un mínimo de 40 kilómetros de Doñana y no tomamos agua del parque», se defienden.

Así lo señaló ayer la organización agraria UPA Huelva, que denunció la existencia de una campaña «de acoso y derribo» contra los frutos rojos de la provincia. En un año, además, «duro» para el sector por una campaña condicionada por la escasez de agua.