UGT devolverá en 25 años 36 millones en ayudas que reclama la Junta de Andalucía
El Consejo de Gobierno fracciona el cobro de los reintegros hasta el año 2048 gracias a un cambio normativo
Tras nueve años pleiteando, el Ejecutivo se asegura pagos millonarios sin poner en riesgo la supervivencia del sindicato
UGT Andalucía ha llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía que garantiza su supervivencia. A cambio, el sindicato se compromete a devolver a plazos y durante 25 años en torno a 36 millones de euros correspondientes a subvenciones que la Administración autonómica ... le reclama desde el año 2013 porque considera que no estaban correctamente justificadas. No lo entendía así la organización, que acudió hasta en 23 ocasiones a los tribunales de lo contencioso-administrativo para esquivar los pagos exigidos. La Junta abrió numerosos expedientes de reintegro al calor del goteo de informaciones periodísticas sobre facturas endosadas a las ayudas con las que supuestamente se habían pagado actividades corrientes de UGT-A.
Tras nueve años pleiteando, ha habido una capitulación que se ha plasmado en un acuerdo de la Agencia Tributaria de Andalucía aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz el pasado 20 de diciembre, según ha podido saber ABC. El expediente no se ha hecho público porque ha sido declarado «reservado» al afectar a «datos con trascendencia fiscal». El sindicato se acoge a un cambio normativo aprobado por el Gobierno de Juanma Moreno el pasado mes de septiembre que flexibiliza las condiciones para pagar deudas tributarias a entidades y empresas.
Con este acuerdo ganan ambas partes: el sindicato, que atravesaba una delicada situación económica, asume la devolución a plazos de parte del dinero reclamado sin poner en peligro su viabilidad financiera. También gana la Administración autonómica, que se asegura recuperar unos 36 millones de euros (incluidos los intereses de demora), según la cuenta provisional recogida en el acuerdo, que puede variar dependiendo de las resoluciones que vayan dictando los tribunales. Algunas de las sentencias ya son firmes, pero la cuantía que ha sido condenado a pagar el sindicato es muy inferior al importe total de las subvenciones reclamado.
El giro de guion en el pulso contencioso ha sido posible gracias a un cambio normativo que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos recogía en un decreto publicado en el BOJA el pasado 21 de septiembre. En ella se incluían otras medidas para paliar los efectos de la inflación como la deflactación del IRPF y la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
UGT-A: «Esto no es un privilegio»
El sindicato ha empezado a devolver parte de las ayudas este mismo mes de diciembre con cuotas anuales variables y terminará de saldar esta deuda prevista en el año 2048, según ha podido confirmar ABC.
Desde UGT-A defienden que la medida adoptada «no supone ningún privilegio» para ella y que no se le «perdona deuda alguna». No reconoce la existencia de deudas porque, según puntualiza, «no hay sentencia firme que la establezca, salvo las cantidades ya juzgadas». «En la práctica, el sindicato está abonando, de forma fraccionada, una deuda real que supone en torno al 20% de lo que exigían los expedientes abiertos y juzgados. Ahora, con esta decisión del Gobierno andaluz, irá adelantando el pago del resto en cantidades asumibles, en previsión de las sentencias negativas que pudieran acontecer en el futuro», aclara.
El Ejecutivo de Juanma Moreno introdujo una modificación en la Ley de General de Hacienda Pública que permite a entidades o empresas el aplazamiento o fraccionamiento de los reintegros en plazo voluntario o ejecutivo durante doce años. Con carácter excepcional y previa autorización del Consejo de Gobierno, se reservaba la potestad de conceder un «plazo superior» cuando «el deudor lo solicite expresamente», como ha hecho en este caso UGT-A. Para ello, la Presidencia de la Agencia Tributaria elevó al máximo órgano ejecutivo una propuesta de resolución que examinaba la liquidez de la entidad deudora y justificaba su concesión para no «perjudicar la viabilidad económica y la continuidad de la actividad» o para evitar «graves quebrantos para los intereses de la Hacienda Pública». Si el sindicato se viera forzado a presentar un concurso de acreedores ante la incapacidad de atender los reintegros, las posibilidades de cobrar se reducirían de manera drástica.
Reintegros por 66 millones
El Gobierno de Susana Díaz (PSOE) abrió expedientes de reintegro de casi todas las ayudas concedidas por la Junta de Andalucía entre 2009 y 2014, cuyo montante superaba los 66 millones de euros. El sindicato respondió con un aluvión de recursos en los juzgados. UGT-A considera que se vulneró su libertad sindical al reclamarle el 100% de la cuantía de programas ya completados y «cuya ejecución había sido demostrada». En paralelo, se inició otra investigación penal que va a sentar en el banquillo a la antigua cúpula de la central por un supuesto fraude que el juez cuantificó en 40 millones de euros y que afecta a ayudas concedidas por la Junta para cursos de formación.
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No es la primera vez que la Junta brinda oxígeno financiero a UGT-A. En noviembre de 2020, bajo el anterior Gobierno de coalición del PP y Ciudadanos, la Junta libró a la organización que dirige la secretaria general Carmen Castilla de prestar fianzas millonarias en los pleitos abiertos y facilitó que recibiera nuevas ayudas. No obtenía fondos públicos desde el año 2014.
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