Doñana, en punto muerto: la Junta de Andalucía no cede y el Gobierno le amenaza

El inmovilismo es total. La vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, descartó tajantemente tan siquiera reunirse con la Junta de Andalucía mientras se siga tramitando el plan de regadíos, que causa «profunda preocupación» a la Comisión Europea. «No vamos a negociar ilegalidades», insistió este martes la ministra para la Transición Ecológica, tras el Consejo de Ministros. «Tan pronto la proposición quede expresamente descartada», indicó, «no tendremos problemas en hablar». El problema es que la premisa mayor para que el diálogo se abra paso en este asunto, que es la retirada de la proposición, no se va a producir, al menos por ahora.

La amenaza del Gobierno no ha cambiado la hoja de ruta de la Junta de Andalucía, que «ni quiere ni puede renunciar» a solucionar un problema que afecta a cientos de familias del condado de Huelva, subrayó ayer el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco. Se refería a las familias que reclaman derechos históricos para cultivar las tierras que quedaron excluidas el anterior plan de la Corona Norte, impulsado por un Gobierno del PSOE en el año 2014,

Al último aviso de Ribera, el también portavoz del Gobierno de Juanma Moreno respondió invitándola a poner «sitio y hora» para celebrar un encuentro y a plantear «alternativas» para resolver el problema social y económico. «¿A qué tienen miedo en el Gobierno?, ¿por qué no quieren hablar con la Junta? ¿por qué esa agresividad hacia Andalucía y esa docilidad hacia otras administraciones públicas territoriales en nuestro país que plantean retos al Estado de muchísimo más calado de lo que estamos hablando?», se preguntaba Fernández-Pacheco.

El cruce de reproches no ha cesado desde Madrid a Sevilla y viceversa. La vicepresidenta interpreta que Bruselas le ha dado a la Junta un aviso «muy serio» y que están «tonteando con algo que nos puede costar a los españoles mucho dinero». «Lo más importante es dejar de hacer daño al conjunto de los españoles, dejar de menospreciar el impacto de lo que están haciendo y, sobre el respeto a las normas nacionales e internacionales, ponernos a trabajar», advirtió.

Fernández-Pacheco replicó que la Junta «no ha cometido ninguna ilegalidad ni tampoco el Parlamento», puesto que no se ha aprobado ningún texto. La norma está en proceso de tramitación y «no hay ningún texto aprobado». Ahora los grupos de la Cámara tienen la posibilidad de invitar a agentes sociales a comparecer en el Parlamento para opinar sobre la misma y dar así ideas para la formulación de enmiendas por parte de los grupos políticos, precisó el consejero. Sin embargo, ni el PSOE ni Por Andalucía (donde están IU y Podemos) van a presentar enmiendas. Dicen, como la ministra, que no hay nada que negociar.

Sólo en algo coinciden ambos gobiernos: en su deseo de acabar con las extracciones ilegales de agua y las destinadas al abastecimiento urbano que están agotando este recurso subterráneo, más escaso que nunca por la sequía, que discurre bajo la comarca de Doñana y nutre las marismas, los humedales y el bosque mediterráneo del espacio protegido. Tales incumplimientos se saldaron en junio de 2021 con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que condenó a España por hacer la vista gorda a la sobreexplotación del acuífero y las lagunas de Doñana y por su inacción a la hora de proteger la amenazada biodiversidad de la reserva.

La Comisión Europea ha vuelto a afear al Gobierno español su pasividad en este asunto y tampoco le convence el proyecto de ley andaluz, como dejó de manifiesto en el contundente comunicado que emitió tras la reunión que mantuvieron el pasado lunes el citado consejero andaluz y el comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius. «Supongo que alguien les presionaría [a la Comisión Europea] para que lo hiciera», dijo sobre el comunicado el consejero en Canal Sur. La CE considera que el texto pretende crear un marco legal «favorable» para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y derechos de uso de aguas superficiales «que se sumarían a la presión excesiva sobre los cuerpos de agua subterránea ya sobreexplotados».

La proposición apuesta por dar estatus de zonas regables en el futuro a una serie de fincas (el Gobierno estima que unas 1.500 hectáreas y la Junta las rebaja a 750) con aguas superficiales, pero estas dependen de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, adscrita a la ministra Ribera, acometa obras hidráulicas que no tienen fecha de terminación. Es el caso de plan de trasvase de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, en la provincia de Huelva, con el que se prevén ceder 20 hectómetros cúbicos a regadíos ya legales.