Un error judicial anula la causa por blanqueo de capitales contra el marido de la exdirectora de la Guardia Civil
La Audiencia de Sevilla estima el recurso del cuñado de María Gámez y concluye que la instrucción estaba caducada cuando el juez dictó la imputación de ambos por el desvío de fondos públicos
La grieta legal que liquida de un plumazo causas de corrupción con decenas de investigados en Andalucía
Un retraso de la juez Bolaños da al traste con siete años de investigación contra 25 ex cargos del PSOE en Andalucía
La Intervención confirma el «uso fraudulento de fondos públicos» por el cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil
Un olvido a la hora de solicitar la prórroga de la instrucción da al traste con la causa de corrupción abierta contra el marido de la ex directora general de la Guardia Civil María Gámez, una investigación que terminó costándole el puesto a la política socialista malagueña el 22 de marzo de 2023 ... . La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha tumbado el auto por el que imputaba a Bienvenido Martínez Martínez y a su hermano, Juan Carlos Martínez, el marido de la antigua responsable del Instituto Armado, por supuestos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales.
El juez apreció indicios de que éstos se habrían lucrado desviando el dinero público destinado a empresas subvencionadas por la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE.
En una resolución dictada el 24 de octubre pasado, avanzada por ABC, el tribunal estima el recurso presentado por Bienvenido Martínez, cuñado de Gámez, que pidió ser apartado de la causa porque el plazo de instrucción estaba prescrito antes de dictarse el auto de imputación.
La investigación debía haber concluido el 29 de julio de 2022, según reconoce la Audiencia, y la citación de ambos hermanos en este proceso se produjo el 22 de febrero de 2023 a través de un auto dictado por el juez de refuerzo de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana. Como consecuencia, todas las resoluciones y pesquisas posteriores a la primera fecha quedarían anuladas.
El marido de Gámez y su hermano están investigados por crear una trama para desviar fondos de empresas subvencionadas por la Junta
Una reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal introducida en 2015 acotó los plazos de tramitación para evitar que las investigaciones se eternizaran, pero la saturación de juzgados con sobrecarga de trabajo como el que instruye el caso ERE complica el cumplimiento de los tiempos.
Estas grietas en la ley están siendo aprovechadas por las defensas para tumbar causas de corrupción con decenas de investigados. Un defecto parecido desencadenó el carpetazo del proceso contra 37 ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía investigados por la concesión irregular de 80,5 millones de euros a Isofotón, la fotovoltaica malagueña que cerró tras recibir toda clase de ayudas y avales públicos que no ha devuelto.
El cuñado de la exdirectora de la Guardia Civil se puso un chófer a costa de la Junta de Andalucía
Bienvenido Martínez le endosó la nómina de un conductor que no le correspondía
El cónyuge de Gámez está siendo investigado por el desvío de fondos públicos millonarios desde IDEA —la agencia de la Junta de Andalucía que pagaba las ayudas irregulares de los ERE— hacia una trama empresarial montada por él, su hermano Bienvenido Martínez y un tercer hermano, Manuel. La causa gira en torno a un Centro de Negocios que la Junta de Andalucía montó en Madrid en el año 2009.
El Gobierno socialista encargó a una consultora administrada por Bienvenido Martínez la gestión del referido centro por medio de una entidad vinculada a la agencia IDEA, donde éste último había sido director de Inversiones Estratégicas hasta el día anterior a la firma del contrato.
Hubo un «uso fraudulento e ineficiente» de fondos públicos
En un atestado enviado al juzgado en 2021, la Policía Nacional determinó que los hermanos Martínez crearon un entramado societario para ocultar el origen de los «importantes ingresos» que recibieron de manera irregular a través de sociedades que habían recibido subvenciones millonarias a través de la agencia pública en la que Bienvenido Martínez era directivo.
Un informe elaborado por dos interventores de la Junta de Andalucía constató que hubo un uso «fraudulento» y «absolutamente ineficiente» de los fondos públicos en la gestión de un Centro de Negocios de Andalucía en Madrid que funcionó entre los años 2009 y 2011.
El juez insiste en vincular al esposo de la exdirectora de la Guardia Civil con un «entramado delictivo» de desvío de dinero público
Amplía la investigación al cuñado y marido de la exjefa de la Guardia Civil por malversación
En esta causa, el magistrado trata de averiguar el destino de 1,36 millones de euros. Fue el montante de los ingresos que la empresa Experience Management Group SL, propiedad de Bienvenido Martínez, recibió a través de la malograda factoría de Santana y de otras empresas subvencionadas entre los años 2009 y 2011. Algunas de ellas también eran clientes de una consultora creada por el esposo de Gámez.
El origen, el caso Santana
Ambos están bajo la lupa judicial en una pieza separada de la macrocausa de Santana Motor, empresa automovilística de Linares (Jaén) que estuvo presidida por Bienvenido Martínez. La fábrica está siendo investigada por el desvío de parte de los casi 137 millones de euros que la Junta de Andalucía le inyectó a través de diversas ayudas y que la Policía cree que fueron dilapidados.
El defecto de forma que puede terminar archivando la instrucción se localiza precisamente en el caso Santana Motor, que se inició en el año 2015, del que surgió la pieza en la que está siendo investigado el cónyuge de María Gámez, abierta en 2022. Según sostiene el abogado de Bienvenido Martínez, el juez debió dictar un auto para prorrogar seis meses más la instrucción antes del 29 de julio de 2022, pero «continuó con su tramitación en el erróneo entendimiento» de que por dividir la causa de Santana, «podría poner los contadores a cero».
En un giro de guion inesperado para una causa que motivó una crisis en la dirección política de la Guardia Civil, la Sección Primera da la razón al abogado de la defensa en su recurso de apelación. «Es evidente, que en este procedimiento las personas investigadas en las presentes diligencias previas 1816/22 (referidas a la causa del centro de negocios de Madrid) ya lo estaban siendo por los mismos hechos en las precedentes diligencias previas 3696/2015 (el caso Santana Motor)», argumenta. «Aun siendo cierto que las nuevas diligencias tienen su propia autonomía», considera que en esta investigación abierta en 2022 deben contarse los plazos de instrucción de la pieza matriz, que expiraron antes de la imputación del marido de María Gámez.
La Junta de Andalucía con el PSOE pagó 85 millones por la compra de fincas de Santana que ya eran suyas
El juez investiga un «irregular sistema de financiación» de Santana Motor a través de la compraventa de inmuebles. Hay ocho antiguos cargos imputados por gastar 140,3 millones en total en una fábrica inviable de titularidad autonómica
Tras conocer el auto, el abogado de Bienvenido Martínez, Juan Carlos Alférez (bufete Constitución 23 Estudio de Litigación) pone de relieve que «la estimación del recurso contiene un interesante pronunciamiento, cual es que la división de piezas matrices en piezas nuevas no pone los contadores de la caducidad 'a cero', pues quebrar el hilo temporal de la causa matriz significaría un claro fraude procesal si el mismo objeto estuviera siendo investigado en la causa troncal».
«La consecuencia probable es que los investigados llamados al proceso con posterioridad a la fecha de caducidad, entre los que se encontrarían tanto Bienvenido Martínez como Juan Carlos Martínez, deberán ser excluidos del proceso y por tanto, no podrán ser procesados en esta causa», señala este letrado.
La última palabra la tendrá el juez instructor, aunque los precedentes allanan el camino al archivo de la causa que provocó la caída de «la mejor directora» que había tenido la Guardia Civil en sus 179 años de historia, según la denominó el propio ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska.
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