El futuro de mil interinos sin plaza, tras 30 años en la Junta de Andalucía, está en el tejado de Montero
El consejero José Antonio Nieto envía una carta a la ministra de Hacienda y Función Pública para que dé amparo legal a los empleados que cesan
'Fantasmas' contra 'pata negras': la lucha de dos colectivos por un puesto en la Junta de Andalucía

La solución a unos mil funcionarios interinos de la Junta de Andalucía de larga duración está en manos de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Después de estar encadenando contratos en fraude de ley en la Administración durante 15 ó 30 años, van a cesar en sus puestos porque las plazas que estaban ocupando hasta ahora tienen dueño. Serán para los funcionarios de carrera que sí han superado el concurso-oposición convocado por la Junta para cumplir con la normativa europea que le obliga a reducir la tasa de temporalidad a un máximo del 8% de su personal.
La salida de estos interinos, muchos de ellos con 45 ó 50 años, se ha convertido en una patata caliente para el Gobierno andaluz, conflicto que el PSOE ha caldeado para reprocharle a la Junta de Andalucía que no propiciara ningún encuentro con los afectados y las organizaciones sindicales para darles una alternativa a «interinos de larga duración, con más de 30 años de servicio a la Administración».
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, recogió el guante lanzado por el PSOE. El pasado 3 de abril, el responsable autonómico abrió una ronda de contactos con los grupos políticos y los sindicatos para buscar una salida laboral a estos trabajadores que no han sacado plaza en los sucesivos procesos selectivos. Doscientos de ellos ni siquiera se presentaron a los exámenes, según fuentes autonómicas, convencidos de que su empleo no iba a peligrar nunca.
Los interinos llevan entre 15 y 30 años sumando contratos y recibieron el apoyo del PSOE
Las tres reuniones celebradas hasta la fecha han dado como resultado una carta dirigida a la ministra Montero para que aclare si puede aplicar a los afectados la Ley 20/2021, la norma que regula la reducción del empleo temporal en las administraciones publicada por el Gobierno central con posterioridad a la convocatoria de los procesos selectivos de 2017, 2018 y 2019, que han servido para estabilizar 61.000 plazas en la Junta.
La idea es darles una última oportunidad a este millar de interinos para que puedan optar a aquellas plazas que deriven de estos procesos que hayan quedado vacantes y que en teoría no podrían ser convocadas bajo estos criterios que establece la citada ley. De ahí que se haya elevado una consulta a Montero para «dar amparo» a interinos de larga duración.
La pelota cambia, pues, de tejado. La Junta la devuelve precisamente a las manos de quien fuera consejera de Hacienda y Administración Pública entre 2013 y 2018, cuando estos trabajadores y otros muchos (las tasas de temporalidad llegaban al 30% de los puestos) ya estaban encadenando contratos en fraude de ley.
La misiva que firman la Consejería y los sindicatos CSIF, Iniciativa Sindical Andaluza y CCOO –sólo UGT se ha descolgado del acuerdo– reclama a la ministra Montero una respuesta a su consulta legal antes de diez días. «Consciente como eres de lo perentorio de los plazos que manejamos para ello, entenderemos que si a 30 de abril del presente ejercicio no hemos recibido respuesta a este escrito», se dará por hecho que, «al menos, no supone ningún tipo de conflicto competencial», asevera. Por tanto, «podríamos iniciar la tramitación de las medidas que logren resolver este conflicto» en sintonía con otras regiones, concluye.
Junto a esta carta, Nieto ha remitido otra similar suscrita por el PP y Vox. El PSOE, aunque había celebrado la ronda de conversaciones y participado en ella, ha decidido no poner su firma. En una comisión en el Parlamento andaluz donde se abordó ayer este conflicto laboral, el consejero lamentó que el PSOE y UGT no se haya sumado, pese a haber alcanzado un consenso previo hace seis días. «Me reitero en la necesidad de buscar la unidad de acción para lograr un objetivo loable para darles a los interinos las mismas oportunidades que al resto de interinos de otras comunidades autónomas», aseguró. El texto actual no permite aplicarles la ley 20/2021. De ahí que sea necesario contar con ese respaldo legal del Ministerio, dijo. «Con esa aclaración, contando con los grupos y los sindicatos vamos a proponer una solución legislativa que dé una oportunidad a esas personas», añadió.
El PSOE desconfía
El portavoz del PSOE en la comisión, Víctor Torres, negó que exista unidad en este asunto, entre otras razones porque ningún partido de izquierdas ha suscrito la carta. «El Gobierno [andaluz ] es quien tiene la capacidad ejecutiva y, más allá de la consulta, lo que debe hacer es poner sobre la mesa una propuesta firme y concreta de solución», precisó a ABC. No obstante, «el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir trabajando a todos los niveles, primero, en mantener el problema en el primer nivel de la agenda política y, en segundo lugar, en la solución definitiva», agregó,
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