Los futuros pasos de las defensas de los condenados en los ERE: incidente de nulidad, recurso de amparo e indulto

Las tres vías, no incompatibles, son un incidente de nulidad contra el fallo del Supremo, que deberá ver el propio Alto Tribunal; un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y la vía política para obtener el indulto, como medida de gracia del Gobierno de Pedro Sánchez.

Si los abogados, en el análisis de los 1.205 páginas de la sentencia de casación, detectan que se ha lesionado o vulnerado derechos fundamentales de sus clientes en el Tribunal Supremo deberán presentar un incidente de nulidad ante dicho órgano.

En caso de que la supuesta vulneración de los derechos fundamentales, a criterio de los letrados, se hubiera dado antes de que la causa llegara al Supremo, esto es, en sede judicial de Sevilla, los abogados han de interponer un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

La tercera vía, la del indulto, no es incompatible con la decisión de iniciar algunas de las dos alternativas judiciales antes mencionada. De hecho, la familia de José Antonio Griñán, con el apoyo de destacados socialistas como el expresidente del Gobierno Felipe González, ya ha impulsado dicha solicitud de esta medida de gracia, sobre la que tarde o temprano tendrá que pronunciarse el Ejecutivo de PSOE y Podemos.

Mientras las defensas escrutan la mejor opción para sus patrocinados, la causa de la pieza política de los ERE volverá desde el Tribunal Supremo hasta la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla para la ejecución de las penas, según la diligencia de ordenación firmada por la letrada de la Administración de Justicia de la Sala Segunda del Alto Tribunal, a la que ha tenido acceso este periódico.

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia que enjuició a los 22 ex altos cargos socialistas estaba conformado por los magistrados Juan Antonio Calle, Encarnación Gómez y Pilar Llorente. El primero, que fue el ponente, se jubiló y la segunda cesará de su puesto en los próximos días, por lo que habrá de conformarse nueva sala entre los magistrados que actualmente componen dicha Sección, entre los que se encuentra Pedro Izquierdo, que fue recusado por el PP para conformar el tribunal enjuiciador y que después se abstuvo de participar en otras piezas separadas; Patricia Fernández, Francisco de Asís Molina y Purificación Hernández, actualmente de baja.

Una vez conformado el tribunal, éste deberá decidir sobre la ejecución de las condenas. No tiene plazo legal establecido. Tampoco es necesario que las acusaciones soliciten la ejecución de la sentencia, pues es un mandato que ha recibido el tribunal desde el Supremo. Es habitual que se conceda un plazo de diez días a los condenados para que entren en prisión de forma voluntaria.

No obstante, fuentes consultadas por ABC de Sevilla han precisado que lo lógico es que las defensas de los nueves condenados a cárcel por malversación soliciten a la Audiencia la suspensión de la ejecución mientras el Tribunal Constitucional ve los más que probables recursos de amparo y los resuelve.

Unas fuentes señalan que al estar ante penas que superan en su mayoría los cinco años de prisión podría no darse la suspensión de la pena por parte del tribunal competente para su ejecución, aunque otras recuerdan que hay antecedentes de admitir dicha petición. De otro lado, los incidentes de nulidad ante el Tribunal Supremo no paralizan la ejecución.

Habrá que esperar a los próximos días para saber qué pasos siguen los abogados de los condenados a prisión: el expresidente José Antonio Griñán, los exconsejeros José Antonio Viera, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo y Francisco Vallejo, los exviceconsejeros Jesús Rodríguez Román y Agustín Barberá, el ex director general de Trabajo Juan Márquez y el ex director general de la Agencia IDEA Miguel Ángel Serrano.