El Gobierno central 'abandona' a un millar de interinos de Andalucía

En una carta dirigida a Nieto a la que ha tenido acceso ABC, Montero culpa de hecho a la Junta por la situación de esos interinos. Señala que su situación se debe «a los recortes que llevó a cabo el Partido Popular en el año 2012», cuestión que llevó a «acabar con más de 120.000 empleos públicos».

Fuentes del Gobierno andaluz han recibido esta misiva como un ataque y creen que supone un «abandono» de estos trabajadores. Señalan que la ministra parece olvidar que era el PSOE quien gobernaba en Andalucía todos los años en los que se contrató a los interinos de larga duración que ahora piden una solución y no ser cesados de los puestos que ocupan. Fuentes cercanas al Gobierno responden que fue el Gobierno de Juanma Moreno quien convocó los procesos por los que estos interinos se han quedado fuera de la Junta.

Esta historia se remonta años. Décadas, en algunos casos. La administración andaluza contrató interinos para cubrir puestos eventuales. Sin embargo, esos contratos se prorrogaron por encima de lo legal. Hasta que la Unión Europea dictó que las administraciones no podían tener más de un ocho por ciento de temporalidad. En ese momento el Gobierno central aprobó una ley para convocar procesos extraordinarios de estabilización. En algunos casos se permitía a ir solo a un concurso de méritos para conseguir una plaza. En otros, a un concurso-oposición simplificado.

Pero, se quejaron los interinos andaluces de la Administración General, a ellos no se les aplicó las mismas normas que al resto de los trabajadores temporales. Por eso piden ahora otro proceso. Añaden que, además, la tasa de aprobados en su convocatoria fue muy baja.

Pese a la oposición frontal de sindicatos como SAF -Sindicato Andaluz de Funcionarios-, el Gobierno andaluz se comprometió con este colectivo a encontrar una solución a su situación. Por eso, y tras pactar con la mayoría parlamentaria -todos menos el PSOE y el resto de la izquierda- y sindical -todos menos SAF y UGT-, mandaron una carta al Ministerio de Hacienda con una pregunta: ¿Hay interpretación de la ley que regula los procesos que permita arreglar la situación de estos interinos?

Pero el Gobierno central se niega a dar una respuesta. Montero llega a decir en su carta que le «sorprende» el que el consejero diga que la ley en cuestión «es ineficaz». Y acusa al Ejecutivo andaluz de preguntar tarde por esa cuestión. Además, señalan que el Gobierno de Juanma Moreno no ha sido «capaz» ni ha «mostrado voluntad» de resolver este problema del que ahora Hacienda se desentiende y deja sin contestar.

Por último, indica Montero, la cuestión sobre si deben o no dar una segunda oportunidad a los interinos, es decisión de los servicios jurídicos de la Junta, no del Ministerio que creó la ley. Lo que temen desde el Gobierno andaluz es que esto sea una estrategia para llevar una vez más al Ejecutivo de Juanma Moreno ante el Tribunal Constitucional.

En todo caso, explican fuentes de la Junta, el Gobierno andaluz mantiene su compromiso con los interinos. Se les va a buscar una solución dentro de la ley. Puede pasar por una bolsa específica o porque se saquen plazas 'sobrantes' a oposiciones futuras con el sistema de solo concurso. Aún no lo saben. Pero sí tienen claro que no son un millar quienes encontrarán acomodo de nuevo en la Junta.

Porque, señalan, entre el colectivo de interinos hay más de un millar de personas, sí. Pero muchos -unos 200- no se llegaron a presentar al proceso de estabilización. Y esos poco derecho tendrán a otro proceso.

Además, señalan fuentes de la Junta de Andalucía, hay interinos muy cercanos a la jubilación que podrían optar a retirarse y cobrar el paro dos años. Con eso tendrían cubiertas otras tantas plazas. ¿Cuántos quedarían entonces? Unos 400 trabajadores. Esos serían lo que se beneficiasen de una posible solución que encontrase a la Junta.

Ese compromiso, sin embargo, también tiene detractores. El sindicato SAF, el primero. Pero también el colectivo de opositores conocidos como 'fantasmas' porque aprobaron sus plazas pero no las pueden ocupar porque son las de los interinos que están cesando ahora. El Gobierno andaluz entiende que no hay conflicto porque las plazas que ocuparían en un futuro no serían las mismas que las de quienes sí sacaron sus oposiciones. También puede suponer un problema por si hay más interinos de otros cuerpos que entienden que una solución para los temporales de Administración General les abre la puerta a volver a la Junta pese a no haber superado el proceso de estabilización.