El Gobierno descartó en 2021 grandes obras para resolver la falta de agua en Doñana por su alto coste

La solución descartada apostaba por ampliar el trasvase de agua hasta al menos los 50 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Guadiana a la del Guadalquivir a través de los ríos Tinto, Odiel y Piedras, en la provincia de Huelva; la ampliación del túnel de San Silvestre, que comunica ambas demarcaciones; la construcción de una presa de hasta 150 hectómetros cúbicos en la cabecera del río Agrio, prevista en el anterior plan hidrológico, e incluso la construcción de «una gran planta desaladora en la zona».

Pero la denominada como «alternativa 1» y, por ende, el conjunto de actuaciones adicionales que comprendía, decayeron del documento, que dedicaba un capítulo entero a proponer medidas para reducir la escasez de recursos hídricos en el espacio declarado Patrimonio de la Humanidad y sus terrenos aledaños.

Las infraestructuras previstas, más ambiciosas que las que finalmente se comprometieron, se esfumaron del plan hidrológico aprobado, en el que se desgranan las actuaciones previstas para el quinquenio 2022-2027. La ley sobre el trasvase aprobada en 2018 contempla la transferencia de hasta 19,99 hectómetros cúbicos al año desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras a la del Guadalquivir para cubrir la demanda de agua de los regadíos de la zona. Actualmente, se está realizando un trasvase de 7 hectómetros cúbicos, destinado a abastecimiento y regadío, lo que ha posibilitado el cierre de 420 pozos legales de la Comunidad de Regantes El Fresno. Sin embargo, la medida adoptada hará que llegue a la comarca menos de la mitad del agua superficial que contemplaba la propuesta desechada.

El citado borrador, consultado por ABC, despachó su negativa a dicha alternativa, calificada como «maximalista», sin dar demasiadas explicaciones. Doce líneas de texto dedicó a justificar su rechazo para llegar a la conclusión de que esta propuesta «quedaría descartada pese a los esperados efectos favorables sobre los recursos hídricos de Doñana y su entorno».

Justamente, la falta de agua es la chispa que ahora ha causado un encendido enfrentamiento institucional y político entre el Gobierno de Sánchez y la Junta de Andalucía, presidida por Juanma Moreno (PP), cuyos estruendosos ecos han resonado hasta en los salones de la Comisión Europea.

El detonante ha sido la tramitación de una proposición de ley impulsada por el PP y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar un millar de hectáreas ilegales en la corona norte de Doñana, donde se cultivan los frutos rojos onubenses que se venden en los supermercados europeos. El derecho a riego se concedería no expoliando los acuíferos, como ha sucedido hasta ahora, sino con el agua superficial que llegue cuando se culmine el trasvase de los ríos Tinto-Odiel-Piedras al Guadalquivir, proyecto que se encuentra en una fase inicial de obras.

En el documento en fase de borrador se argumentaba que la malograda solución para la escasez de agua en el espacio protegido «requería la realización de grandes infraestructuras (presas, trasvases, etc.) que podrían conllevar graves afecciones medioambientales tanto dentro como fuera del entorno de Doñana». A todo ello, «habría que sumar la complejidad administrativa de su realización, que conllevaría una gran demora en su ejecución».

La citada alternativa implicaría la reversión a una hidrología similar a la previa a la intervención humana, al eliminar todos o la mayor parte de los regadíos y abastecimientos urbanos que utilizan agua subterránea, exponía. «Aplicar esto al conjunto de las masas de agua de Doñana tendría un coste económico inasumible y afectaría negativamente al tejido socioeconómico de la comarca», reflexionaba.

En el esbozo de su plan, el Ministerio para la Transición Ecológica también se apuntaba de refilón otra infraestructura que tiene pendiente desde hace años: la presa de Alcolea, que está declarada de interés general del Estado y comprometida por el actual Gobierno de España en la ley del trasvase aprobada en diciembre de 2018. El Ejecutivo se ha pospuesto hasta el año 2018 la construcción de este embalse sobre el río Odiel, vital para llevar el agua que ahora precisa el entorno del humedal de Doñana, que sufre la sequía extrema y el expolio de sus acuíferos. Su construcción se paralizó alegando la elevada concentración de metales pesados y sulfatos que vierten al cauce más de un centenar de minas y sus balsas de residuos tóxicos.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, sostiene que la «solución» para el Parque Nacional de Doñana pasa por terminar las infraestructuras del trasvase de la cuenta del Tinto-Odiel-Piedras a la del Guadalquivir y por otras actuaciones que se están llevando a cabo, así como por «la colaboración» entre administraciones, «trabajando cada una desde sus competencias».

Al término de la reunión del Pleno de la Comisión de Desembalse de la CHG celebrada este lunes, el responsable del organismo estatal explicó que la Ley del Trasvase del 2018 del Tinto-Odiel-Piedras, «a la que tanto se apela, y de la que tanto se ha hablado últimamente, es una ley que es sobre todo de carácter ambiental, porque lo que quiere es recuperar los niveles ambientales de Doñana, en este caso del acuífero, y es una ley que está pensada para que aproximadamente 15 hectómetros cúbicos sean destinados a sustituir agua de regadío subterráneo con derechos consolidados por agua superficial».

«Cualquier otra pretensión de intentar solucionar una posible o no posible legalización de nuevas hectáreas regables se sale fuera de la Ley del Trasvase», afirmó Páez. «En esta ley hay obras por concluir», reconoció, aunque dejó patente el desdoble del Túnel de San Silvestre, cuya inversión ronda los 64 millones de euros, ha sido licitado por el actual Ejecutivo.

Desde el organismo que gestiona la cuenca del Guadalquivir insistieron en que la Junta de Andalucía no tiene competencias en lo que atañe a la gestión de la cuenca o las concesiones de agua superficial proveniente de la misma. «Quien piensa, gestiona y planifica el sitio donde va el agua de ese trasvase es la CHG», que tiene recogido que el trasvase tiene que ir «sobre todo a dos zonas, una que ya está yendo, que es el Condado, porque la zona del Condado es una zona de recarga natural del acuífero, y por eso queremos que hay sustitución de aguas subterráneas por superficiales en esa zona, y luego otra zona que está en el entorno de Almonte, en la que hay dos conos de depresión importantes en el acuífero».

Por lo tanto, reiteró, «cualquier cuestión en la que se diga que ese trasvase soluciona los problemas de las hectáreas de regadío que están por venir en Huelva, es una cuestión que sencillamente no es verdad». Asimismo, ha asegurado que el actual plan hidrológico ha estado «un año a exposición pública, seis meses el esquema de temas importantes y seis meses el borrador del plan, y no ha habido alegaciones por parte de la Junta de Andalucía con respecto a una de nuestras medidas que le llamamos la piedra angular para el sostenimiento de la cuenca, que es que no ha lugar a nuevas hectáreas de regadío en ningún punto de la cuenca, que no estuviesen previamente planificadas».