Lorenzo del Río: «Sin un poder judicial autónomo e independiente no puede haber democracia ni Estado de Derecho»
El presidente del TSJA hace un discurso muy crítico en la apertura del año judicial, en la que recuerda que el Consejo General del Poder Judicial lleva «bloqueado» desde 2018 por «incapacidad política»
«Los políticos están demostrando que la Justicia no es una prioridad pública», resalta
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El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha inaugurado en la Real Chancillería de Granada, donde se ubica la sede del citado tribunal, y lo ha hecho con un discurso muy crítico hacia la clase política, a la que ha culpado de «amenazar con el bloqueo» de la Justicia por no haber sido capaz de solucionar sus problemas. La «grave inestabilidad política» que vive el país no hace sino amenazar con «perpetuar ese bloqueo».
Se ha referido especialmente al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva en funciones desde 2018. Pero no sólo la falta de renovación de ese órgano es culpa de la «incapacidad política»; también es su responsabilidad, a juicio de Del Río, que no se haya alcanzado «un consenso» para aprobar «grandes reformas estructurales pendientes» en el estamento judicial.
Y asimismo, los políticos son, a su entender, responsables de que en los últimos años «hayan caducado iniciativas legislativas sumamente necesarias« y de esa forma »materializar medidas que son imprescindibles para modernizar y transformar la Administración de Justicia«.
Los procesos de designación de vocales en el CGPJ «permanecen pendientes en el Congreso de Diputados y en el Senado desde hace tres legislaturas«, ha subrayado el presidente del tribunal andaluz, que ha recordado, en se sentido, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha advertido »de las consecuencias negativas« que eso tiene en el sistema judicial.
«Sin un poder judicial autónomo e independiente no puede haber democracia ni Estado de Derecho», eso es algo que debe estar «por encima de intereses partidarios», ha remarcado Del Río en su discurso, en el que ha hecho hincapié en que algunas de las reformas pendientes lo están «desde hace más de veinte años«.
Su conclusión es clara: «Los políticos han sido incapaces de consensuar y aprobar reformas que son necesarias para nuestro sistema judicial. La Justicia no es una prioridad pública«.
Conflictividad en el sector
Respecto a la conflictividad laboral en el sector, que no ha dudado en calificar de «grave», ha admitido que no sólo causa «el deterioro del servicio público de la justicia», sino también el «riesgo de desmoralización de jueces, letrados y funcionarios por la frustración acumulada«.
Ha advertido de que si no hay «compromiso y responsabilidad» por parte de quienes corresponde, la Justicia «algún día colapsará« y ha hecho suyas las palabras del consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, quien afirmó que el estado de la Justicia en la comunidad autónoma era «próximo al coma». Ante eso «llevamos muchos años poniendo paños calientes y tratando de enmascarar la realidad».
Pese a todo, ha esbozado algunas recetas para mejorar las cosas. Por ejemplo, aplicar «fórmulas de gestión y organización más eficientes» y llevar a cabo una «reorganización funcionarial y una redistribución de funcionarios para paliar las disfunciones que padecemos«.
En el ámbito de lo procesal, ha abogado por «medidas de agilización y mecanismos complementarios para la resolución de conflictos», algo que le parece «un signo inequívoco de un país civilizado». Es necesario, ha dicho, concentrar los trámites, suprimir «prácticas dilatorias» y hacer de los juicios rápidos «la regla general«.
«Nos queda el recurso a pedir y esperar a ser atendidos. Aun así, quiero terminar con un mensaje de esperanza: es obligatorio ser optimista porque el pesimismo es la excusa para no cambiar las cosas«, ha finalizado.
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