María del Mar Villafranca, exdirectora del Patronato de la Alhambra.
María del Mar Villafranca, exdirectora del Patronato de la Alhambra. - EP
GRANADA

Archivan la investigación de corrupción en la Alhambra por un plazo caducado

El juez decreta el sobreseimiento definitivo del caso Colina Roja II, en el que estaban imputadas 28 personas por su vínculo con una presunta red criminal de adjudicación de contratos

GranadaActualizado:

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha decretado el archivo del caso Colina Roja II, en el que se investigaba una presunta trama de adjudicación de contratos irregulares durante una década por parte de la cúpula del Patronato de la Alhambra. El juez titular, Antonio Moreno, ha acordado el sobreseimiento definitivo del procedimiento por un plazo caducado, según avanza el diario Ideal.

La Audiencia de Granada anuló el pasado año todas las actuaciones de la causa, dado que el instructor no fue nombrado hasta después de la fecha límite para declarar complejo el procedimiento y así alargar durante 18 meses más la investigación del caso Colina Roja II, surgido a raíz del caso de las audioguías.

El caso Colina Roja II abordaba el mandato de la exdirectora del monumento, la socialista María del Mar Villafranca, que era una de las 28 personas investigadas por su vinculación con la presunta red de adjudicación de contratos a empresas. Según la auditoría realizada por la propia Junta de Andalucía, esta red habría ocasionado un perjuicio de 12 millones de euros.

Una «agencia de colocación»

El monumento, según los informes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se convirtió en una «agencia de colocación» de amigos y familiares mediante la creación de empresas cuyos directivos, de facto, eran los miembros de la cúpula del Patronato de la Alhambra.

Según la UDEF, el Patronato de la Alhambra elaboraba pliegos de condiciones «a medida» para que ganaran las empresas elegidas en concursos que eran en realidad «un paripé», como señaló una funcionaria en sede policial.

Los hechos investigados podrían haber supuesto la comisión de delitos como pertenencia a organización criminal, fraude a la administración, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.