Una sombra de sospecha persigue a la exjefa del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en Granada.
Una sombra de sospecha persigue a la exjefa del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en Granada. - L.R.
ENTREVISTA

Elisa Fernández-Vivancos: «Me apartaron sin motivo y ahora quieren que esté callada»

La exjefa del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía en Granada niega su responsabilidad en los errores del millonario caso Nevada tras la polémica que la ha llevado en 24 horas a renunciar a ser delegada de Justicia, Regeneración y Turismo

GranadaActualizado:

Este martes, apenas 24 horas después de ser elegida, Elisa Fernández-Vivancos decidía rechazar su nombramiento como delegada territorial de Justicia, Regeneración y Turismo de la Junta de Andalucía en Granada. Perseguida por una sombra de sospecha sobre su papel en el pufo del caso Nevada, la exjefa del gabinete jurídico andaluz en la provincia desmiente su influencia directa en el litigio. Se defiende de las acusaciones que desde el lunes se le imputan y descarga cualquier culpa sobre el letrado que la sustituyó en el cargo; el mismo que no compareció en una vista clave del juicio, lo que desencadenó la sentencia millonaria a favor del empresario Tomás Olivo. El promotor, tras ocho años de paralización ilegal de unas obras también ilegales, logró edificar un mastodóntico centro comercial en el municipio de Armilla, en la Vega de Granada, cuatro veces más grande que el planteado en un principio, sobre zonas verdes y con una planta de más por los errores de base del Gobierno autonómico muchos años antes, cuando ella ni siquiera había llegado al cargo.

¿Ha cedido ante la presión mediática de las últimas horas?

Los artículos no son el motivo, porque no se corresponde con la realidad, pero soy consciente de que ese tipo de despliegue mediático tan excesivo y desmedido produce un daño en el partido que me ha nombrado, que es Ciudadanos. Yo no quiero ser un problema para el nuevo Gobierno. La caza ha sido brutal. Ni siquiera he recibido llamadas para contrastar la información… Creo que todo ha sido orquestado por detrás. Como yo no soy una política sino una funcionaria independiente, no tengo necesidad de pasar por eso.

¿Cree que le ha dado tiempo para cumplir con su cometido de regeneración democrática?

Creo que sí. Es un acto de independencia y objetividad que me permite poder contestar a todas esas noticias que se han dicho sobre mi trayectoria.

Algunas informaciones publicadas sostienen que usted ha trabajado en el despacho de Tomás Olivo. ¿Qué hay de cierto?

No es cierto. No he llevado ningún tema relacionado con Tomás Olivo. Yo soy una profesional autónoma que está dada de alta como tal en el Colegio de Abogados de Granada. Y de hecho no lo oculté en mi currículum porque no tenía nada que ocultar. Trabajo puntualmente con otros profesionales y con otros despachos de abogados, no solo con ese. Tampoco ese despacho es el único que defiende a Tomás Olivo, que tiene a varios a su disposición.

¿Y por qué decidió darse de baja?

Me apartaron de mi trabajo. A mí me cesaron sin comunicarme cuál era el motivo. Simplemente, me hablaron de «pérdida de confianza». Decían que había que «fajar» el gabinete jurídico porque venían «curvas»… Me degradaron, me asignaron unas funciones en la Alhambra que no estaban reguladas y me di de baja por enfermedad. Cuando me puse mejor, decidí retomar mi carrera profesional en el ámbito privado.

«Me degradaron, me asignaron unas funciones en la Alhambra que no estaban reguladas y me di de baja por enfermedad»

¿Fue desterrada a la Alhambra?

Tras cesarme a comienzos de 2017, me pidieron que me fuera a la Alhambra y lo peor es que acepté. No tenía asignada competencias específicas: pleitos laborales, básicamente, lo que además me obligaba a transportar los expedientes desde la sede de la Delegación de la Junta en Granada. Curiosamente, yo estaba allí en la Alhambra y sin embargo eran otros los letrados que iban a las mesas de contratación... No me sentí valorada. Y esta circunstancia hizo que me tuviera que pedir la baja.

¿No tuvo alternativa? ¿Por qué no lo denunció en su momento?

¿Qué iba a hacer? ¿Meterme en un juicio contra mis compañeros? Fui leal a la institución y me marché sin hacer ruido. Ahora hay nerviosismo porque quieren que esté callada, algo que no he hecho a lo largo de mi trayectoria profesional, en la que he llevado temas de gran trascendencia, como la ilegalización de El Algarrobico en Cabo de Gata e incluso la defensa en diferentes procedimientos penales contra consejeros y delegados de la Junta.

¿Cuáles eran sus funciones como jefa?

El gabinete jurídico de Granda, que además es sede de diversos órganos consultivos y judiciales como el TSJA, tiene una cantidad de trabajo enorme. Puede llegar a los 3.000 y pico casos al año de todas las jurisdicciones. Me encargaba de coordinar, pero no llevaba el caso directamente. Lo que me parece sospechoso es que quieran responsabilizarme a mí de un litigio que no he llevado. La única intervención que he tenido en el caso Nevada fue la medida cautelar de paralización de las obras, que se ganó, y que no la pedí yo, sino que se solicitó a instancias de los servicios centrales de Sevilla.

«La única intervención que he tenido en el caso Nevada fue la medida cautelar de paralización de las obras, que se ganó»

Pero fue usted quien asignó el caso al letrado, ahora jefe, que se ausentó en una vista clave del caso Nevada. La no comparecencia de Antonio Luis Fernández Mallol dejó a la Junta de Andalucía en una situación de indefensión absoluta. ¿Es usted responsable de ese error?

Yo no le asigné el caso. Él llevaba el ámbito de todos los juzgados de lo contencioso-administrativo y este tema le tocó a él porque estaba dentro de su competencia. En cualquier caso, con esa vara de medir, si yo fui cesada, él también tendría que haber sido cesado.

¿Qué pasó aquella mañana en que dicho letrado no acudió a los juzgados?

La vista estaba señalada. Esta persona lo sabía y lo había preparado con un pericial que se iba a presentar. Esa mañana, cuando llego a última hora, me dicen que había habido una incidencia. Una auxiliar del gabinete me comentó que el letrado no había asistido al juicio.

¿Y qué esgrimió Fernández Mallol cuando logró contactar con él?

Que no había apuntado el pleito y que se le había pasado. Por lo que fuera, no se personó en la vista. Yo me lo creí. ¿Por qué no me lo iba a creer? Era un compañero. Aunque no sé cómo se puede olvidar un juicio en el que hay en juego tantos millones. También me dijeron que los juzgados llamaron al gabinete para tratar de localizar a Fernández Mallol, pero la letrada que había en ese momento en el despacho no consiguió contactar con él. Aquello se valoró entonces como un error humano de la oficina del gabinete jurídico y se hizo un informe al respecto.

Si el error fue de Fernández Mallol, ¿cómo se explica que luego ese letrado fuera nombrado jefe, saltándose, además, el escalafón de antigüedad?

No es lo habitual. Lo lógico hubiera sido nombrar a persona con más antigüedad en el cuerpo. Me consta que otros compañeros con más años de profesión pidieron la plaza y se la negaron. No me parece normal.

La exjefa del gabinete jurídico descarga las culpas sobre su sucesor, Antonio Luis Fernández Mallol, el letrado que no asistió a la vista clave del caso Nevada

¿Y quién ascendió a jefe a Antonio Luis Fernández Mallol?

El director general del gabinete jurídico a nivel andaluz, que permanece en el cargo y ha dicho al resto de letrados que va a continuar. Supuestamente, había perdido la confianza en mí… para depositarla después en una persona que continúa como jefe de los servicios jurídicos en Granada, aunque no se está poniendo el foco sobre su gestión ni sobre su nombramiento.

¿El gabinete jurídico tenía conocimiento de que Fernández Mallol es pariente próximo de José Antonio Ortiz Mallol? Fue este último, cuando era director de Ordenación del Territorio, el que impugnó con un procedimiento incorrecto y fuera de plazo las obras del centro comercial que el «clan de Armilla» pretendía edificar y usted consiguió paralizar. Curiosamente, también Ortiz Mallol fue luego nombrado vicepresidente autonómico… Al igual que otros compañeros de partido, como la parlamentaria andaluza Teresa Jiménez o el diputado Pedro Fernández, su posible responsabilidad en el caso Nevada no ha supuesto un problema en sus carreras. Al contrario.

Ese parentesco se ha sabido siempre… Y la «pasividad», literal, de la Junta de Andalucía respecto a la impugnación de las obras es un hecho objetivo que consta en sentencias judiciales

«Mi nombramiento ha podido producir un cierto miedo, conozco bien el funcionamiento de la Junta de Andalucía, entré en 1993»

Usted conocía en profundidad «la casa». ¿Durante cuánto tiempo fue jefa?

Unos 15 años. Esto ha podido producir un cierto miedo… Conozco bien el funcionamiento de los órganos la administración de la Junta de Andalucía desde que entré en 1993.

¿Accedió al cargo por méritos propios?

Saqué unas oposiciones que son muy similares a las oposiciones al Cuerpo de Abogados del Estado. Unas oposiciones bastante duras que me permitieron acceder a un órgano creado con mucha ilusión y ganas de hacer cosas. A mí me gustaba mi trabajo. Nunca he sido cuestionada ni por mis compañeros ni por mis superiores. Nunca se me ha abierto un expediente. He sido una de las jefas con mayor antigüedad y continuidad en el cargo; he trabajado con diversos equipos de gobierno y no ha habido ninguno que no fuera socialista, por lo que no tuve la posibilidad de trabajar con otro partido.

Sin embargo, manifiesta que el ambiente en el gabinete jurídico se convirtió en irrespirable. Algunos de los pocos letrados que trabajan en Granada han decidido marcharse por las tensiones que allí se viven y los recién llegados tratan de irse lo antes posible.

Claro, con los años, cada vez los asuntos fueron de mayor complejidad, de mayor cuantía y los medios personales son muy deficientes. Y eso hace que se trabaje en unas condiciones hostiles, con una carga de trabajo excesiva y muy pocos letrados.

Después de leer las resoluciones judiciales que reprochan a la Junta de Andalucía su desidia respecto a este litigio, después de las mentiras acerca de la estrategia judicial y a sabiendas de que incluso altos cargos autonómicos han hecho negocio con Tomás Olivo, como es el caso de Juan Manuel Fernández Ortega, un socialista que como senador creó una serie de empresas de seguridad que han contratado casi exclusivamente con el Nevada, hospitales privados o medios de comunicación de Granada, ¿considera necesario que tanto Ciudadanos como el Partido Popular investiguen el asunto a fondo?

Por supuesto. La verdad es que yo pasaba por ahí y se está cargando la culpa sobre los servicios jurídicos, pero realmente el tema nace en otros órganos. Este procedimiento es muy antiguo, se inició antes de que yo fuera nombrada jefa. Hay que analizarlo desde el origen.